Ciudad de México. Hay diversos mecanismos para que los países puedan usar en fines fiscales los recursos que el Fondo Monetario Internacional (FMI) emitirá el próximo 23 de agosto; dado que esos activos al final son de las repúblicas, es suficiente con que los ministerios de Hacienda informen por anticipado a los bancos centrales qué uso se les debe dar, explicó el economista Andrés Arauz, ex ministro en Ecuador.

Detalló que no sería la primera vez que los derechos especiales de giro (DEG), los activos de reserva internacional que emplea el FMI, son usados para ampliar el gasto de los gobiernos. Tras la emisión que hizo el organismo en 2009 –cuando la crisis económica internacional— Ecuador, Bosnia y Herzegovina, Moldova, Serbia y Ucrania, Mauritania y Zimbabwe hicieron un uso fiscal de esos recursos.

Agregó que el Convenio Constitutivo del FMI puntualiza que los recursos pertenecen a los países, no a los bancos centrales, y en ese sentido, tampoco hay un impedimento que limite su uso fiscal. Incluso en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, los DEG van a los ministerios de Hacienda, es decir que son activos fiscales y no monetarios.

Tras 17 meses de declarada la pandemia de Covid-19, el FMI emitirá una ampliación de DEG por 650 mil millones de dólares, a América Latina corresponderían 51 mil 400 millones de dólares. Este recurso no representa deuda, es un derecho de los 190 países que son miembros del organismo internacional, como mecanismo de liquidez.

Ante la presión fiscal que han sufrido diversas economías de América Latina para financiar la atención de la emergencia sanitaria y programas sociales para paliar la crisis económica que ha dejado la reducción de la movilidad, a lo que se suman las dificultades para entrar a mercados internacionales y la exclusión de los programas de alivio financiero, varios países buscan usar los DEG para robustecer las finanzas públicas.

Por ejemplo, en Paraguay se trabajó un proyecto de ley para que esos DEG, que se consideran reservas internacionales y por lo que en teoría deberían entrar a los bancos centrales, se puedan usar en gasto; en México el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que los más de 12 mil millones de dólares que corresponden al país se deben usar para pagar deuda por anticipado.

Dichas declaraciones levantaron un debate en el país. El subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel comentó que los DEG son reservas internacionales y por tanto no pueden usarse para el pago de deuda; dicha opinión ya fue restada por la de Alejandro Díaz de León, gobernador del organismo, quien explicó que es posible usar esos recursos con fines fiscales.

Arauz detalló que el Convenio Constitutivo del FMI tiene primacía por sobre leyes nacionales; y este dispone que los DEG son de los países miembros, no de sus bancos centrales. Incluso el organismo internacional cuando anunció la ampliación dijo que servirá para proporcionar reservas de liquidez a los países y “ayudarlos a atender necesidades de gasto esenciales”.

El ex ministro ecuatoriano elaboró —con el apoyo de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd)— un Manual de uso de Derechos Especiales de Giro para Fines Fiscales, en el que explica las bases jurídicas y contables por medio de las que los países pueden reclamar los recursos que enviará el FMI para robustecer sus finanzas públicas.

Detalló que lo menos complejo es que antes de que los activos lleguen el próximo 23 de agosto, los ministerios de Hacienda hagan una comunicación formal a los bancos centrales donde se pida qué hacer con los recursos. Ejemplificó con el Ecuador en 2009, en ese momento se pidió que “el Banco Central a nombre de la República de Ecuador” realizará la trasferencia de DEGs a la Cuenta Corriente del Tesoro para usarlos en el presupuesto.

Patricia Miranda, coordinadora de incidencia en Latindadd, dijo que la ampliación de 650 mil millones de dólares aprobada por el FMI es una avance insuficiente para evitar la recuperación desigual que se advierte en la economía mundial. En un inicio se promovió que estos recursos alcanzaron los 3 billones de dólares.

Dado que casi dos terceras partes de la ampliación corresponde a países de alto ingreso, donde los billonarios paquetes de estímulo fiscal se imponen sobre la magnitud de los DEG, es necesario que los activos emitidos por el FMI puedan transferirse a economías que sí lo necesitan, sin condiciones como austeridad o consolidación fiscal.