Managua. El gobierno de Nicaragua canceló el registro legal de seis organizaciones de cooperación de Estados Unidos y de Europa que financiaban proyectos de la sociedad civil, entre ellas el Instituto Republicano Internacional (IRI) y el Instituto Nacional Demócrata (NDI), según un decreto publicado el lunes en el diario oficial La Gaceta.

La disposición tomada por el Ministerio de Gobernación (Interior) afecta, además, a las fundaciones OXFAM Intermón, de España; OXFAM Ibis, de Dinamarca; DIAKONIA, de Suecia, y la fundación estadunidense Helping Hands The Warren William Pagel, precisó La Gaceta.

De acuerdo con el gobierno del presidente Daniel Ortega, las seis ONGs internacionales “incumplieron obligaciones” establecidas en la ley, como “no reportar estados financieros”, “incumplir requisitos para recepción de donaciones” y carecer de “documentos de identidad de sus proveedores de fondos, así como la buena reputación de sus beneficiarios y de sus organismos asociadas”.

La resolución comentó que en su actuar, los seis organismos obstaculizaron “el control y vigilancia” del Ministerio de Gobernación en la regulación de las organizaciones sin fines de lucro que operan en Nicaragua.

El gobierno les dio a los representantes de esas seis organizaciones 72 horas de plazo para entregar sus libros de actas e informes contables, y advirtió que el Estado podrá disponer de sus bienes y activos en caso de no contar con liquidación previa.

La disposición oficial ocurre después de que reportes de medios oficialistas involucraran a organizaciones como el IRI y el NDI en una supuesta “campaña de desestabilización” impulsada por Estados Unidos y países europeos contra el gobierno sandinista.

En un comunicado, el no gubernamental Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más calificó la medida como “arbitraria e inconstitucional”, y acusó al gobierno de “vulnerar el derecho de libertad de asociación, en un intento de anular cualquier expresión que defienda y promueva derechos humanos” en el país.

En diciembre de 2018, el gobierno clausuró y confiscó los bienes de diez ONGs nicaragüenses que recibían financiamiento de Estados Unidos y de Europa, señalándolas de respaldar las protestas sociales de ese año y de participar en un “fallido golpe de Estado” contra Ortega.