Ciudad de México. La creciente insuficiencia del agua para atender la demanda en México aumenta las presiones financieras para los sectores privado y público —desde las industrias con alto consumo de agua y el sector asegurador enfocado a la agricultura hasta la estabilidad fiscal de estados y municipios—, incluso pone en vilo la meta que tiene el país para 2024: generar 35 por ciento de electricidad con energías limpias, reportó Moody’s.
Con base en las estimaciones de crecimiento de la población y la disponibilidad de agua renovable, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) proyecta que en 10 años el estrés hídrico —situación en que la demanda de agua es mayor que la cantidad disponible en un lapso de tiempo— aumentará en prácticamente todas las entidades de México; Chiapas como excepción.
La calificadora de riesgo destaca que entre las industrias, la minería y de bebidas han invertido en sistemas de gestión del agua y muchas han asegurado acceso a suministro subterráneo; sin embargo, “a medida que el estrés hídrico aumente, las empresas deberán realizar más gastos de capital para mantener el acceso”.
Recalca que en el sector agrícola —responsable de 75 por ciento del consumo industrial de agua en México— es donde hay mayores riesgos. Las sequías así lo han evidenciado entre los productores de maíz y sus derivados, ya que se necesita del riego y las cosechas son susceptibles a factores climáticos; incluso cuando la producción escasea se debe importar el grano a un costo más alto, lo que eleva los presiones financieras.
Además de las industrias, Moody’s recalca el efecto que tiene la demanda hídrica en las finanzas de estados y municipios; sobre todo en estos últimos que por mandato constitucional deben proporcionar servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento, los cuales requieren un importante gasto en infraestructura, mientras que se depende en gran medida de los fondos del gobierno federal y estatal.
“Los recortes en el gasto de inversión en los últimos años han contribuido a una mala gestión de la infraestructura hídrica y a la frecuente escasez de agua en los estados”, considera Moody’s. Reporta que el financiamiento federal a través de la Conagua para infraestructura, alcantarillado y drenaje cayó 60 por ciento entre 2016 y 2019; mientras los gobiernos locales también han cercenado sus gastos de capital para contener el déficit en medio de la crisis.
Respecto al sector financiero, la calificadora estima que los riesgos no son tan altos por la diversifucación de portafolio; no obstante, advierte que algunas compañías de seguros tienen una importante exposición en la agricultura y pueden experimentar una disminución de la calidad crediticia.
Además de los riesgos fiscales y crediticios, “la escasez de agua limitará la capacidad de generación de energía hidroeléctrica, lo que complicará los esfuerzos de México por alcanzar su objetivo de generar el 35 por ciento de la electricidad a partir de fuentes de energía limpia para 2024”, comentó Roxana Muñoz, vicepresidenta adjunta de Moody’s y coautora del informe.
