Ciudad de México. El grupo parlamentario de Morena sugirió a sus diputados votar esta tarde en favor del desafuero de Mauricio Toledo Gutiérrez y Benjamín Saúl Huerta Corona, para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pueda proceder en contra de ambos legisladores.

Previo a la sesión extraordinaria de hoy, la bancada distribuyó a los diputados de Morena dos tarjetas informativas, donde se reseñan las conclusiones de la Sección Instructora, que en los respectivos dictámenes propone al pleno de la cámara retirar a ambos legisladores la inmunidad constitucional.

En el caso de Toledo Gutiérrez, diputado por el PT, Morena señala que la Sección Instructora concluyó que los datos de prueba aportados por la fiscalía, así como los hechos y circunstancias, concatenados entre sí, dan como resultado una presunción solo de derecho, “consistente en que el imputado tiene ingresos excedentes a su función pública injustificados, aun tomando en cuenta sus ingresos privados, bajo sospecha fundada respecto de la legitimidad de su origen”.

Además, Morena refiere que, del análisis de los medios de prueba, se determina que no existe correspondencia entre los bienes, activos e ingresos en poder de Toledo, con los recursos económicos percibidos en ejercicio de su función como delegado en Coyoacán, diputado al Congreso de la Ciudad y diputado federal.

También cita que en el dictamen se considera la presunción de que el incremento patrimonial de Toledo “es por un ejercicio anormal e ilegítimo del cargo, con intención de obtener beneficios o riquezas personales”.

Por ejemplo, refiere, si bien, a partir de 2009 Toledo Gutiérrez “tuvo ingresos importantes como diputado federal, incluyendo un préstamo por una suma relevante que afirma haber obtenido de la propia Cámara de Diputados en 2010, de los autos que integran el expediente se desprende la adquisición de dos inmuebles y un vehículo de lujo entre 2010 y 2011”.

No obstante, el conjunto de esos bienes rebasó en dos millones de pesos la diferencia de sus gastos respecto de sus ingresos.

Se confirmó que, en cuanto al valor de uno de los inmuebles adquiridos, en la alcaldía Tlalpan, prevalecieron las discrepancias entre lo presentado por la fiscalía y la defensa del diputado del Partido del Trabajo.

Siempre refiriéndose al dictamen, Morena explicó a sus diputados que el monto, resultado del estudio de peritajes contables que cada parte ofreció, representa una diferencia superior a 10.5 millones de pesos.

“Ello, toda vez que el avalúo ofrecido por la fiscalía contempla que, al año en que fue adquirida, la finca costaba más de 16 millones de pesos, contra los 5.5 millones que fueron pagados, conforme lo destaca la defensa”, abundó.

Incluso señala que en el dictamen “se corrobora que entre los ingresos reportados por el inculpado en sus declaraciones patrimoniales y aquellos cuya fuente queda acreditada en el expediente con recibos, cheques, constancias e informes de autoridad, existe efectivamente una discrepancia, particularmente en el ejercicio de 2017, que asciende a un millón 513 mil 928 pesos”.

Toledo alegó que esos recursos fueron declarados, pero el dictamen a discutir esta tarde resalta que el “ingreso no pudo ser corroborado en los medios de convicción recabados”.

Abunda que del expediente se desprende que ese mismo año, Toledo cobró 2.5 millones de pesos, “pero no obra respaldo documental que justifique que efectivamente fue percibida esa cuantía y en esa forma de pago; como tampoco, en su caso, probanzas que acrediten su legal procedencia”.

En la tarjeta informativa, Morena insiste que la fiscalía llamó la atención que el esquema de ingresos del diputado federal le permitió incrementar sustancialmente su patrimonio a partir de 2016.

La justificación de este aumento “es cuestionable, al tratarse de ingresos por la prestación de servicios profesionales a empresas privadas mediante un pago mensual considerable por concepto de honorarios… como consultor jurídico, de manera paralela a su labor como servidor público. Las empresas contratantes, según la Fiscalía con datos de la Unidad de Inteligencia Financiera, tienen un comportamiento financiero que no permite suponer que el esquema de contratación sea fidedigno”.

El caso Huerta

En el expediente abierto a Saúl Huerta Corona -expulsado de las filas de Morena tras la acusación de violación a dos menores de edad-, la bancada resalta que, además de la imputación directa de una de las víctimas, el legislador fue detenido casi en flagrancia en el hotel donde se le atribuye el abuso sexual.

Además, “el inculpado no aportó elementos de prueba que pudieran desvirtuar los datos que fueron ofrecidos por la representación social, por lo que a juicio de la Sección Instructora los datos de prueba aportados son suficientes para presumir que existe la posibilidad de que haya participado como sujeto activo en ambos delitos”.

En la tarjeta se precisa que la Sección Instructora, “asumiendo la delicadeza y gravedad de los delitos que se imputan al servidor público, en el procedimiento ha sido respetado a cabalidad el principio de presunción de inocencia y demás garantías del debido proceso que reconoce la Constitución Política”.

Esto porque, añade, se agotaron todas las diligencias legales, se recibieron todos los medios de prueba aportados y se realizó la valoración correspondiente por este órgano legislativo.

Aclara que, en el caso de Huerta, la Sección Instructora no prejuzga ni entra en pronunciamientos de fondo respecto del asunto penal de origen, pues ello será atribución de la autoridad judicial que, en su caso, conozca del juicio.