Austin. Funcionarios de la Cámara de Representantes de Texas entregaron el miércoles órdenes de arresto civil a más de 50 legisladores demócratas ausentes, en un nuevo intento de los frustrados republicanos de poner fin a un estancamiento en torno a una iniciativa electoral que se ha extendido por 31 días.

Pero después de que el sargento de armas finalizó sus rondas dentro del Capitolio estatal —dejando las copias de las órdenes en las oficinas de los demócratas y solicitándole educadamente al personal que les pidieran a sus jefes que por favor regresen—, había pocos indicios de una posible resolución en el estancamiento, el cual inició cuando los demócratas se trasladaron a Washington, D.C., en julio pasado a fin de obstruir las labores en el Congreso de Texas.

La más reciente escalada dejó a la legislatura de Texas en un lugar poco habitual, en el que ninguna de las partes tiene certeza de cuál será el siguiente paso o qué tan lejos irán los republicanos en su determinación por garantizar un quórum de 100 legisladores presentes, un umbral que está a sólo cuatro miembros.

“No me preocupo de las cosas que no puedo controlar”, dijo la representante estatal Erin Zwiener, una de las demócratas a quienes se les entregó una orden pero se han rehusado a volver al Capitolio. “No hay nada de estas órdenes que me sorprenda, y no necesariamente afectan mis planes”.

Los demócratas, que admiten que no pueden evitar permanentemente la aprobación de la iniciativa de ley electoral en Texas, respondieron a las órdenes con nuevos despliegues de oposición. Un legislador se presentó a un tribunal de Houston y obtuvo una orden judicial que evita que se le obligue a regresar al Capitolio. En el Senado estatal, la demócrata Carol Alvarado anunció que intentará postergar la aprobación de la iniciativa en la cámara alta usando la palabra tanto como le sea posible, aunque es poco probable que eso evite su aprobación.

Rehusarse a presentarse a las sesiones legislativas es una violación a las reglas de la cámara baja, una ofensa civil, pero no penal, por lo que incluso aquellos que emitieron las órdenes no tienen claro el poder que tienen los documentos para forzar a los demócratas a volver al recinto. Los demócratas no serían encarcelados.

El republicano Travis Clardy, quien ayudó a negociar una primera versión de la iniciativa electoral que los demócratas frenaron al abandonar el recinto en mayo, dijo a ABC News que creía que “pueden ser traídos físicamente de regreso al Capitolio”.