Integrantes de la Organización de Traductores, Interpretes, Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas (OTIGLI) llamaron nuevamente al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a salar las deudas que tiene desde 2018 por los servicios prestados en la materia.

En conferencia de prensa presencial, y en el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, precisaron que los adeudos se relacionan con pagos de honorarios y viáticos de los años 2018, 2019 y 2020.

Además expresaron su rechazo al sistema de pagos basado en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que el CJF estableció desde 2019, pues es desventajoso.

Se pronunciaron por el establecimiento de un “convenio marco” para saldar las deudas y “detonar presupuesto transversal Indigena” que permita financiar la actividad que realizan los integrantes de la OTIGLI en juicios en que están involucrados indígenas monolingües, los cuales requieren de un traductor e intérprete.

Fausto de Jesús Gonzalez, dirigente de la agrupación, Guillermo Alejo, integrante consejo directivo de OTIGLI, María Alejandra Chaparro y María López Guzmán, destacaron que también con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México haya adeudos, desde 2015 a 2019, pero que “tenemos un convenio vigente” y buscan arreglar la situación “por la vía del diálogo, no la jurídica, no queremos confrontación ni divorcio que a la larga perjudique a los intérpretes. Queremos dialogar buscamos una salida amistosa”.

En el caso del CJF precisaron que “tenemos un convenio de colaboración firmado en 2005”, en el que se establecía que el pago era de “ocho salarios mínimos por hora, era un salario digno, como de 800 pesos en el 2019, pero con las UMAs es de unos 600 pesos aproximadamente, es una reducción de alrededor 20 a 25 por ciento”.

Además que estaban exigiendo que “se pagara con minutos y segundos, antes se pagaba con fracción. Las UMAs no son equiparables al salario”.

Contaron que han hecho manifestaciones a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de Palacio Nacional.

“Medianamente nos atiende un área de atención ciudadana, porque nos hemos ido a parar afuera de la SCJN, pero no hay solución, nos dicen qué hay cierta autonomía ente ambas instancias”.

Con las Fiscalía capitalina “es otra forma de pago, son 410 pesos la hora. Hemos tenido varios encuentros y reuniones, pero en la administración general de la Fiscalía no han querido aceptar que existen esos adeudos”.

Destacaron que con la Fiscalía siguen haciendo tradiciones, pero con el Consejo Judicatura Federal, no estamos interviniendo, no han buscado acercamiento con nosotros, no hemos sido escuchados, considerando que hay racismo institucional y discriminación”.

En un pronunciamiento informaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), a la Comisión Nacional para el Dialogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaria de Gobernación, Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, a la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dirección General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales e Integrantes del Consejo de la Judicatura Federal y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, sobre la situación prevaleciente.

“La falta de atención de parte del Consejo de la Judicatura a las peticiones de la comunidad de Interpretes traductores en lenguas indígenas, este comunicado se hace con la finalidad de que las instancias mencionadas sean puente de diálogo con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería, del Consejo de la Judicatura Federal para que de manera urgente se revisen los adeudos de los años 2018, 2019 y 2020”.

Expresaron que además de los adeudos, se han realizado otras peticiones que hasta la fecha la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería, del Consejo de la Judicatura Federal, “no han aceptado revisar de manera conjunta a pesar de las diversas solicitudes”.

Precisaron que la OTIGLI tiene “convenio de colaboración vigente con el Consejo de la Judicatura Federal, desde el año 2005, cuya finalidad es brindar servicios de interpretación y traducción en lenguas indígenas, realización de dictámenes culturales y dictámenes lingüísticos, en los distintos órganos jurisdiccionales del país, atendiendo el mandato constitucional establecido en el artículo segundo, Apartado A, fracción octava de la CPEUM, además del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2013”.