Ciudad de México. La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) saludó la convocatoria a un segundo periodo extraordinario de sesiones aprobado por el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para discutir este miércoles el retiro de la protección que goza el diputado Benjamín Saúl Huerta, acusado del delito de abuso sexual contra un adolescente de 15 años de edad. Y pidió al Poder Legislativo “dar un paso al frente y quitar el fuero” al legislador.
En un pronunciamiento, expuso que este caso “ha revelado un patrón sistemático de abusos cometidos con anterioridad por el diputado Huerta”. En este escenario, añadió, el fuero ha sido un impedimento para continuar con el procedimiento “y garantizar el derecho a la protección que debe tener la víctima, así como el acceso a la justicia”.
Indicó que “sería un terrible precedente para el Poder Legislativo y sus representantes en este periodo, pero también para las instituciones mexicanas que se ignoren estos delitos por parte de quienes se escudan de su cargo para cometerlos”.
La Redim demandó “que el fuero no sea utilizado para dejar impune un crimen en contra de las infancias, un daño de tal magnitud contra un adolescente al que las autoridades debían haber protegido”.
Recordó que Huerta fue detenido el pasado 21 de abril por elementos de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Sin embargo, “a las pocas horas fue puesto en libertad” sin que se pudiera seguir la investigación correspondiente, debido a que cuenta con fuero legislativo. “La Fiscalía de la Ciudad de México se ha pronunciado al respecto y ha declarado en diversas ocasiones que la política no debe obstruir la justicia”, agregó.
La Red refirió que el abuso sexual infantil además de ser un delito grave, es un problema creciente en México, y cada año más de 4 millones y medio de niñas y niños son víctimas, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El país “ocupa el primer lugar mundial en estos delitos.”
Agregó que este caso también “es una clara muestra de abuso de poder, además de causar un daño psicológico y continuo para las víctimas y sus familiares, quienes esperan que sean las instituciones las que den el ejemplo”.
El frenar una investigación en este tema, continuó, “es una manera de mostrar impunidad, además de que estas acciones son contrarias a lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y a la Ley General de Los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, principalmente en lo referente al derecho a una vida libre de violencia.
