Ciudad de México. El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), a través de su equipo jurídico, lamentó el papel que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) está jugando al defender "resoluciones ilegales” de la Junta Federal y Conciliación y Arbitraje (JFCA) en contra de esa organización que encabeza Napoléon Gómez Urrutia.
Carlos de Buen, uno de los abogados del sindicato minero, indicó que cuando la dependencia “sale a defender resoluciones de la JFCA, demuestra que no hay ninguna independencia, demuestra que el viejo sistema del que nos hemos quejado tanto y del que se ha quejado también la gente que ha estado en la STPS a lo largo de muchos años pues sigue ahí”.
En conferencia de prensa, en la que participó vía remota, añadió que en lugar de dejar que la presidenta de la JFCA, María Eugenia Navarrete Rodríguez, “defienda lo que realmente es indefendible, sale la Secretaría del Trabajo a decir que esas resoluciones son legales. Habla de más porque sale a decir que las cosas ya se han definido”.
Por otra parte, Nahir Velasco, coordinador jurídico del gremio, consideró incluso que Arturo Alcalde Justiniani ha tomado un papel protagónico en contra del Sindicato Nacional Minero, como lo demuestra una conversación de un chat filtrado en el que demuestra su animadversión hacia la organización.
“Nos da mucha pena señalar esta condición porque Arturo Alcalde, sí es abogado laborista, pero no dirigente sindical, quiere manipular los sindicatos y quiere tener control de la política laboral del país”, comentó.
Indicó que ello es “algo que no vamos a permitir, porque los sindicato son autónomos, los sindicatos se deben a los trabajadores”. Arturo Alcalde es el padre de la secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde, y “en ella depositamos nuestra confianza porque la eligió el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo tiene injerencia en la Secretaría y prueba de ello es que puso María Eugenia Navarrete”, como presidenta del TFCA.
Acompañados de los abogados Mario Muñoz Ortega y Óscar Alzaga, los secretarios de Actas y de Trabajo del Sindicato Nacional Minero, Luis Arturo Rosa de la Fuente y Ramón Monsivais, respectivamente, señalaron que la Junta Especial 10, de la JFCA, debe cumplir con la resolución ordenada por el décimo segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, que dejó sin efecto el laudo que establecía que el gremio adeudaba pagos por 55 millones de dólares.
Insistieron en que el fondo del asunto es que en los próximas semanas la JFCA debe emitir un nuevo laudo de manera integral con base en los 25 juicios laborales, y no sólo 21, que corresponden a la controversia legal que data de 2004 con la privatización de la mina de Cananea, en la que se definió que 5 por ciento de las acciones debían otorgarse a los trabajadores, y que Grupo México se negó a pagar.
Al respecto, Muñoz Ortega consideró “una burla” el hecho de que la STPS respondiera que el caso se tratara sólo “de ajustes”. Puntualizó que deberán tomarse en cuenta los cuatro expedientes restantes “donde hay miles de documentos que favorecen al sindicato”.
Con base en lo anterior, deben aclararse dos puntos: primero se tiene que ver cuánto ya pagó el sindicato “porque obviamente lo que ya se haya pagado ya no es materia de condena”. Y segundo, se tienen que analizar esas sentencias de tribunales colegiados en materia penal “por ya ser cosa juzgada para determinar que el dinero es del sindicato”.
