Por la detención arbitraria y desaparición forzada de una persona en el municipio de Salamanca, Guanajuato, atribuible a elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de las Fuerzas de Seguridad Pública estatal (FSPE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 43VG/2021 al titular de la Semar, almirante José Rafael Ojeda Durán; al gobernador de esta entidad, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, y al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.

Así lo informó en un comunicado, en donde indicó que derivado del análisis lógico-jurídico del expediente de queja, se acreditaron diversas violaciones graves a derechos humanos de la víctima como a la libertad, a la seguridad, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la verdad y al acceso a la justicia, así como el derecho a la familia y al sano desarrollo de sus hijos menores de edad.

La CNDH expuso que el 5 de diciembre de 2018, recibió la queja de una familiar de la víctima, quien refirió que el 7 de noviembre de ese año, aproximadamente a las 16:00 horas, una vecina le comunicó, vía telefónica, que elementos de la Semar habían detenido a su familiar en la colonia San Juan de la Presa, en Salamanca, quien “había intentado evitar ser detenido, por lo que corrió y al saltar una barda o cerca, se había lastimado una de sus piernas, ya que se lesionó con una varilla metálica”.

La quejosa buscó a su familiar en diversas dependencias públicas en las que le informaron que no tenían registro de personas detenidas con el nombre de la víctima.

En este sentido, la CNDH expuso que se determinó que la privación de la libertad, detención o arresto de esta persona “fue arbitraria”, pues no cumplió los parámetros establecidos en la Constitución, ya que no se tiene conocimiento de que haya sido puesto a disposición de autoridad competente.

Adicionalmente, señaló que con la desaparición forzada de la víctima, los elementos de la Semar y de las FSPE de Guanajuato violentaron sus derechos a la integridad y seguridad personales, “toda vez que con ese hecho ilícito se generó un menoscabo al conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales indispensables para la existencia digna”.

También, se acreditaron “violaciones al derecho a la verdad y acceso a la justicia, atribuibles a personal de la FGR, con motivo del principio de debida diligencia en la investigación penal, pues el Ministerio Público de la Federación (MPF) declinó su competencia y se abstuvo de continuar con las investigaciones”.

Por lo anterior, la CNDH emitió una serie de puntos recomendatorios entre los que solicita al secretario de Marina y al gobernador de Guanajuato que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se realice la reparación del daño de los familiares de la víctima que incluya una compensación económica, atención médica y psicológica, entre otros.

De igual manera, que se identifique a los elementos de la Semar y de las FSPE de Guanajuato que ordenaron y participaron en la detención arbitraria y desaparición forzada de la víctima; que estas dependencias coadyuven con las autoridades investigadoras y colaboren en la búsqueda, localización inmediata y presentación con vida de esta persona, o de ser el caso, se localicen sus restos mortales y se entreguen a sus familiares.