Ciudad de México. Los padres del menor abusado sexualmente por el diputado federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta, confiaron en que la Cámara de Diputados “apruebe este lunes quitarle el fuero y sea juzgado por lo que hizo, cesen las amenazas e intimidaciones que hemos sufrido y se proceda a la reparación del daño que ha dejado en nuestro hijo”.

En conferencia de prensa, el abogado Teófilo Benítez Granados, quien asumió este jueves la asesoría legal del caso, de manera gratuita, reconoció que se enfrentan a complicaciones, debido a que “esa bancada tiene la orden de taparlo y el legislador continúe impune”.

Calificó de “ofensivo”, que a dos meses de denunciarse el delito, contar con la mecánica de hechos y tener la solicitud de desafuero por parte de la Fiscalía General de Justicia “sigan solapando este tipo de situaciones para que se evada de la justicia”.

Las autoridades judiciales han señalado que está ubicado, pero presumimos que este retraso le permita salir del país, por lo cual se solicitará a la FGJ-CDMX la emisión de alertas migratorias, y se presentará una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Se trata, argumentó, de “tener el refuerzo con ella para el acompañamiento del próximo lunes y contar con más peso en este caso, cuando esperamos proceda el desafuero del diputado, y sea juzgado por el delito que cometió”.

De no proceder su desafuero, se esperará a que se le acabe y las autoridades judiciales procedan en consecuencia para evitar que quede impune, por la comisión de los delitos de violación agravada equiparada y abuso sexual, precisó.

“Lucharemos hasta las últimas consecuencias para que Saúl Huerta pague por el delito cometido contra el menor CJRL, y asuma las consecuencias de sus perversiones”, añadió.

María Guadalupe Lezama Añas, madre del menor, señaló que no ha hablado con la fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy, con quien “me gustaría platicar para que, como mamá, sienta el dolor que estamos sufriendo, porque no ha habido justicia y sí amenazas”.

Una sólo vez se activó el Código Águila ante dichas amenazas e intimidaciones sufridas, pero “les han fabricado cosas, por lo que no deben huir de algo que no son culpables y, por eso, les hemos sugerido que no vendan ni cambien de domicilio”, agregó Benítez Granados.