Ciudad de México. La Secretaría de Salud y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) publicaron en el Diario Oficial de la Federación, el Protocolo de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio, el cual tiene el objetivo de restituir a estos menores, los derechos vulnerados.

También se busca que haya coordinación entre las diversas autoridades competentes, para la atención de los casos, y la prestación de servicios de ayuda inmediata.

El documento señala que todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de los menores de edad.

Dado lo anterior, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a sus garantías fundamentales, de acuerdo a lo establecido en el artículo primero de la Constitución.

Por lo anterior, el protocolo es de observancia obligatoria para las unidades administrativas del SNDIF, de coordinación para las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada y de orientaci6n para las demás autoridades federales, locales y municipales, personal del servicio público en el ámbito de sus respectivas competencias y, en general, a toda persona que intervenga en los procedimientos relacionados con la atención de los pequeños.

También se subraya que la situaci6n de estos niños es de especial preocupación, porque el contexto de violencia feminicida constituye un evento traumático que, además de quebrar la idea de familia como un espacio de protección, les coloca en un mayor riesgo de la vulneración de sus derechos. El impacto es grave y se requiere de la intervenci6n de todas las instituciones responsables, ratifica el documento.

Refiere que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que las autoridades administrativas y jurisdiccionales a nivel federal y local, en el ámbito de sus respectivas competencias, dispondrán lo conducente a efecto de que los menores vean restituido su derecho a vivir en familia y a recibir formaci6n y protecci6n de quien ejerce la patria potestad, la tutela, guarda y custodia.

El Estado debe garantizar que esta garantía a vivir en familia corresponda a la realidad, que no necesariamente coincide con tener una familia definida como tradicional. Los pequeños deben ser atendidos de manera que puedan incorporarse a alguno de los tipos de familia que garantice la protecci6n de sus derechos, resalta.