Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo hoy que los precios máximos fijados al gas LP son una medida de emergencia y transitoria hasta que se equilibren los costos, la cual se tomó porque se estaba afectando a la economía popular. Ante las protestas de distribuidores para intentar “doblegar al Estado”, subrayó que no se puede ser rehén del provecho personal.

Al explicar las medidas que analiza su gobierno ante las protestas de gaseros, detalló que integrantes de la Secretaría de Energía han entablado diálogos con los representantes de las empresas de gas LP, a quienes se les expuso que la fijación de un precio máximo “se tomó de emergencia, es transitoria hasta establecer un equilibrio en los precios, porque se fueron muy arriba y están afectando la economía popular”.

Dichos precios, detalló, se analizarán semanalmente, pero “a la primera, no todos, pero algunos responden con estas protestas, a la primera, queriendo apostar a que van a doblegar al Estado… pues no, no, ya pasamos la experiencia del huachicol y la gente nos ayudó a enfrentarlo”.

Esta última acción generó un ahorro de 157 mil 330 millones de pesos en su administración, es decir, 164 millones de pesos diarios como parte del combate al robo de combustible. Por eso “no es en vano resistir estas presiones, si no vamos a ser rehenes de quienes buscan nada más provecho personal. No es que ayer hicieron este paro y ya se va a quitar el precio máximo, no, no, son medidas que tenemos que llevar a cabo en beneficio del pueblo”.

Cuestionó que mientras el precio de la energía eléctrica, de la gasolina y del diésel se han mantenido debajo de la inflación, en el caso del gas se fue “hasta las nubes porque los distribuidores están abusando”.

El precio máximo, indicó, no fue una decisión arbitraria, sino que se hizo un análisis de costo para que mantengan utilidad justa y razonable, “pero quieren seguir cobrando más y esto afecta a la gente”.

Momentos antes, en su conferencia de prensa, indicó que analiza tres acciones en el marco de las protestas: garantizar el abasto; analizar si existen delitos por no prestar el servicio de distribución y de ser así presentar denuncias, y que la Guardia Nacional se encargue de la protección de distribuidores quienes argumentaron que temen posibles actos de vandalismo contra pipas y camiones.