Pantelhó, Chis. Los representantes de las 86 comunidades indígenas y 18 barrios de Pantelhó afirmaron que durante la primera mesa de diálogo con funcionarios estatales y federales efectuada este martes se advirtió que en esa localidad ya no tendrán lugar para gobernar los malos ayuntamientos, pues el primero de octubre tendremos nuestra nueva autoridad electa por sistema de usos y costumbres.

Pedro Cortez López, coordinador de la comisión de 20 personas (agentes municipales, presidentes de comisariados ejidales y representantes de las iglesias católica y evangélicas) nombrada por las comunidades y barrios aseguró que tampoco hay espacio para la alcaldesa interina, Delia Yanet Velazco Flores, ni el presidente municipal electo, Raquel Trujillo Morales, ambos perredistas.

El diálogo en la cabecera municipal de Pantelhó se realizó con mediación de una comisión de la diócesis de San Cristóbal, encabezada por el sacerdote Marcelo Pérez Pérez.

Entre los puntos expuestos en la mesa por la llamada Comisión de los 20 destaca que el gobierno reconozca que en Pantelhó hay un problema, la existencia del crimen organizado en el ayuntamiento; asimismo, demandaron justicia para las víctimas del crimen organizado, ser reconocidos como pueblos originarios y respetar el nombramiento de las autoridades por usos y costumbres.

Asimismo, exigieron que se realice una auditoría a los ayuntamientos de Pantelhó encabezados por Santos López Hernández –preso en el penal de El Amate acusado de acoso sexual– y de Velasco Flores, que concluye el 30 de septiembre, y que se prohíba el funcionamiento de cantinas y la venta de drogas, además de que renuncie Velasco Flores.

La reunión privada se lleva a cabo en el jardín de niños Francisco Javier Soler, localizado a cinco cuadras del parque central, de las 11 a las 17 horas. A ambos lados de la calle se apostaron soldados y agentes de la policía estatal, así como pobladores.

Pedro Faro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), aclaró que en las pláticas no participaron representantes del grupo Autodefensas del Pueblo El Machete, sino sólo autoridades de las comunidades y los barrios. Ellos están dando la cara y avalan que el levantamiento de El Machete responde a un hartazgo por la ausencia del Estado, que derivó en 200 muertos en 20 años, además del despojo de cuantiosos bienes.

Josefina Bravo, comisionada de la Secretaría de Gobernación para el diálogo con los pueblos indígenas, informó que se acordó que el próximo viernes nos reuniremos para traer respuesta a los planteamientos, además de que se convino instalar mesas temáticas para atender los seis puntos planteados.

En entrevista, agregó que al final de la reunión los integrantes de la comisión firmaron la solicitud para que el Congreso local y la Auditoría Superior de la Federación revisen las cuentas del actual ayuntamiento.

Al preguntarle si se trató el tema de la retención de una veintena de personas el 26 de julio durante la toma de la cabecera municipal, respondió que la Comisión de los 20 no tiene información. Les dijimos que es importante saber en qué estado se encuentran.

El diputado local Omar Molina Zenteno manifestó: Se escucharon los seis puntos y el acuerdo es que el viernes habrá otra reunión en la que se darán respuestas puntuales a cada uno. Hoy escuchamos y recibimos documentos.

Tanto Pedro Faro como Omar Molina dijeron desconocer cuántos habitantes se encuentran desplazados desde el 7 de julio, cuando irrumpió El Machete, y el 26 de ese mes, cuando alrededor de 3 mil pobladores tomaron la alcaldía y se hicieron del control de la cabecera municipal.