A la pregunta: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?, entre 89 y 96 por ciento los sufragantes votó de manera afirmativa, en tanto que menos de 2 por ciento se inclinó por el no y de 2 a 9 por ciento optaron por anular su voto.

Aunque la estimación inicial indica una participación mínima de 6 millones 622 mil y una máxima de 7 millones 250 mil personas, esas cantidades se quedan muy por debajo del 40 por ciento de los inscritos en la lista nominal del padrón electoral, proporción requerida por la ley para que los resultados de la consulta tengan carácter de mandato obligatorio para las autoridades; esto es, se habría necesitado que acudieran a las urnas 37 millones 468 mil 678 votantes.

Por más que los organismos judiciales y electorales se empeñó en desdibujar y edulcorar el fondo y el propósito de la consulta, que era dar formalidad institucional al extendido deseo social de llevar a juicio a los ex presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por los crímenes y los actos de corrupción perpetrados desde el poder durante sus respectivos periodos, es claro que el carácter abrumadoramente mayoritario de ese sentir quedó ampliamente expresado y confirmado en la jornada de ayer.

Los agravios a la población por la corrupción astronómica, la antidemocracia, la violencia de Estado, el saqueo y la depredación que tuvieron lugar durante los sexenios neoliberales son tan evidentes que quienes se oponen al esclarecimiento de las atrocidades y el procesamiento penal de sus máximos responsables renunciaron a hacer campaña por el no y optaron por desalentar la participación ciudadana y desacreditar el acto de democracia participativa mediante los argumentos más disparatados y falaces. La maniobra más evidente de quienes temían una consecuencia legal de la consulta fue desvincularla de los comicios del pasado 6 de junio, a contrapelo de la práctica democrática establecida en los países en los que los referendos y las consultas populares son prácticas establecidas y se realizan el mismo día de las elecciones.

Las propias autoridades del INE contribuyeron a fomentar la apatía con su inocultable desidia organizativa y promocional, amparada en el pretexto de un presupuesto insuficiente. Por lo demás, durante la jornada de ayer se conocieron abundantes testimonios de acciones u omisiones de la autoridad electoral que confundieron o disuadieron a los votantes de participar en el ejercicio democrático: pésima información previa sobre la ubicación de las mesas receptoras, listados nominales que no correspondían con las demarcaciones a las que fueron enviados –fue el caso, por ejemplo, del municipio de Iliatenco, en Guerrero, en donde los ciudadanos no pudieron emitir su voto– y lo más preocupante, cancelación anticipada de boletas por los funcionarios de casilla, una irregularidad que pudo documentarse en decenas de centros de votación.

A esas circunstancias adversas debe añadirse que entre los promotores del sí no hubo la organización suficiente para alentar una mayor participación ni para articular el extenso sentimiento de agravio con un veredicto ciudadano emitido en un marco legal que, por lo demás, no fue diseñado para permitir la expresión de la voluntad popular sino para obstaculizarla.

Pero, más allá del obstruccionismo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desfiguró el sentido de la pregunta original, y del propio INE, que hizo mucho para desalentar la participación y casi nada para motivarla, la consulta popular de ayer deja dos cosas claras: que la mayoría de la sociedad quiere esclarecimiento y justicia para los atroces desempeños de los gobiernos neoliberales y que al país le urge una renovación profunda de sus instituciones judiciales y electorales.