Ciudad de México. La consulta ciudadana de este domingo no debe concluir hoy, sino que debe derivar en mecanismos que lleven a la justicia para las víctimas de crímenes perpetrados por el Estado, y que fueron encubiertas por las mismas autoridades en el pasado para mantenerse impunes por sexenios, sostuvo el colectivo que promovió este ejercicio.

Ariadna Bahena y Omar García (sobreviviente de los hechos en los que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa), quienes encabezaron la recolecta de firmas que fundamentaron los requisitos legales para realizar la consulta, llamaron a la creación de un tribunal de los pueblos para concretar este objetivo.

Para la conformación de dicha instancia, similar a los que se han conformado para indagar casos como la guerra de Vietnam o la dictadura chilena, convocaron a la población, organizaciones civiles y partidos políticos a sumarse a congregarse el próximo 8 de agosto a mediodía en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se presentará el plan de acción correspondiente.

Dicho tribunal puede ser complementario a la Comisión de la Verdad que han propuesto actores políticos, pero aclararon que mientras la Comisión debe sesionar en privado apegado a las leyes locales, el tribunal permite un foro público para las víctimas, y se basa con las normas internacionales.

Luego de apuntar que fue un éxito el proceso de hoy por realizarse pese a las acciones de grupos de derecha que buscaron “minar e impedir” su realización, Bahena expresó que si el actor institucional impidió que la votación se realizara de la mejor manera, no es exime la obligación con millones de personas para buscar justicia.

Con esta instancia, reiteró, puede aterrizarse una vía para buscar una justicia transicionales que permita el derecho a la verdad, a la memoria de las víctimas, a coadyuvar con el sistema de justicia para concretar una reparación de los daños, esclarecer los hechos y garantizar la no repetición de los crímenes.

Lo estarían confirmando “figuras de reconocido carácter ético puedan juzgar, a la luz del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho mexicano, los hechos de violaciones de derechos, crímenes de lesa humanidad, contra la economía popular, el saqueo generalizado del país”, así como indagar y sancionar los crímenes perpetrados contra el medio ambiente, violaciones al derecho a la información y los que “comprometen el futuro de varias generaciones”.

El primer caso de una instancia de este tipo fue el Tribunal Russell o Tribunal Internacional que analizó los sobre crímenes de guerra en Vietnam, explicó Omar García.