Bogotá. La Fiscalía General de Colombia informó ayer que formulará cargos contra el general en retiro Mario Montoya por las ejecuciones de 104 civiles, entre ellos cinco menores de edad, todas presentadas como falsos positivos durante su tiempo al mando del ejército de Colombia (2006-2008), uno de los casos más notorios de violaciones a los derechos humanos en el país.

La acusación contra Montoya se relaciona con casos que habrían ejecutado tropas del ejército entre noviembre de 2007 y el mismo mes de 2008, cuando estaba vigente una directiva del Ministerio de Defensa y del comando de las fuerzas militares que dejó de priorizar las bajas en combate durante la presidencia de Álvaro Uribe, para privilegiar la desmovilización y las capturas.

Sin embargo, la fiscalía evidenció que las ejecuciones extrajudiciales continuaron y Montoya, de 72 años, incentivó una política de premios como condecoraciones y permisos por resultados operacionales a oficiales, suboficiales y soldados, por lo que le imputará cargos por homicidio agravado.

El material de prueba indica que el general Montoya comunicó las directrices del Ministerio de Defensa y del comando general de las fuerzas militares a las unidades del ejército, pero no las aplicó, es decir, siguió evaluando a los comandantes por la cantidad de muertes en combate reportadas, indica un documento de la fiscalía al que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters.

El texto citado agrega que Montoya continúo ejerciendo presión a todos los comandantes del país para que cumplieran su política de resultados operacionales, en la que las muertes en combate eran el único criterio para evaluar la campaña.

El fiscal general Francisco Barbosa señaló en entrevista con la revista Semana: lo vamos a imputar como el determinador por homicidio agravado en concurso homogéneo simultáneo de 104 de los llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales en Colombia, dentro de las cuales hay cinco menores de edad.

La fiscalía denuncia que Montoya desconoció o ignoró la llamada Directiva 300-28, que recomendaba políticas de desmovilización de combatientes, por delante de cualquier otra consideración, incluyendo su muerte en combate, y favoreció operaciones que desembocaron en el asesinato de estos civiles.

La investigación lo que nos da es que en 2006 se empezaron a presentar denuncias de la sociedad civil de unas personas que habían sido asesinadas en condiciones atroces, apuntó Barbosa, e indicó que Montoya, como está comprobado en el expediente, desconoció la directiva 300-28. Fue a las brigadas, a los batallones, a las divisiones, siguiendo con la política de premios por esas ejecuciones.

Si bien el ex titular del ejército se acogió en 2018 a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la fiscalía mantiene la competencia de casos relacionados con el conflicto armado ocurridos hasta el 1° de diciembre de 2016, siempre que no se tomen decisiones de fondo.

El oficial en retiro, quien está en libertad y renunció en 2008 tras casi 40 años de servicio, negó en el pasado los delitos por los que es acusado, mientras su abogado, Andrés Garzón, dijo ayer a periodistas que el caso es investigado por la JEP, por lo que la fiscalía no tiene competencia para incriminar a su cliente.

Este tribunal especializado es parte del acuerdo de paz firmado en 2016 con la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para poner fin a un largo conflicto armado interno que ha dejado más de 260 mil muertos y permitió la desmovilización de unos 13 mil miembros del grupo rebelde, pero algunos rechazaron el pacto y continúan con la lucha armada.

La JEP reveló hace poco que al menos 6 mil 402 personas fueron asesinadas por efectivos militares y presentadas falsamente como rebeldes entre 2002 y 2008, durante los dos mandatos de Álvaro Uribe. Grupos de derechos humanos aseguran que la cifra de víctimas podría ser mayor.

Decenas de oficiales del ejército detenidos y condenados por su participación en los asesinatos han comparecido ante la JEP, entre ellos varios subordinados de Montoya, en busca de penas más leves que las que les corresponderían en el sistema de justicia ordinario a cambio de verdad, justicia, reparación y no reparación.

En un procedimiento judicial ordinario el oficial en retiro podría ser condenado hasta a 50 años de prisión, pero bajo la JEP recibiría una sanción de cinco a ocho años de restricción efectiva de la libertad en establecimientos no carcelarios.

En tanto, seis militares colombianos fueron condenados a 16 años de prisión por abusar sexualmente de una niña de 12 años perteneciente a la etnia embera katío, y otro soldado fue condenado a ocho años de cárcel por ser cómplice, informó la fiscalía.

En tanto, la Interpol de Colombia expidió una circular de búsqueda contra Javier Veloza, líder de la disidencia de las FARC, acusado de ordenar el atentado contra el presidente Iván Duque, reportó Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional.