Mexicali, B.C.-La gobernadora electa de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, anunció que presentará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra el decreto de municipalización del agua que promovió el actual gobernador, Jaime Bonilla.

“Estamos en favor de la municipalización del servicio del agua pero no era el momento”, dijo la morenista, quien advirtió que se trató de un acto que viola la Constitución.

Ávila Olmeda dijo que revisarán la reforma presentada por el gobernador Bonilla, que transfiere el servicio, administración y operación del agua del estado a los municipios, pues consideró que no era el momento para llevarla a cabo, además que incumple el artículo 115 constitucional.

"Existen muchas posibilidades de que la reforma se caiga porque no se cumplieron con los tiempos ni las formas procesales parlamentarias, como que no se cumple el 115 constitucional" , expuso al tiempo de señalar que le sorprendió que se presentara la iniciativa porque ya se encuentran en el periodo de transición.

Agregó que hay municipios en la entidad que no tienen agua, entonces se requiere hacer un planteamiento integral, con estudios técnicos, financieros y jurídicos.

También anunció que la empresa Fisamex "se va", en referencia a que no se ampliará su contrato de auditoria con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).

El primer contrato de esta empresa fue con el gobierno del panista Francisco Vega y se mantuvo con Jaime Bonilla para hacer cobro de cartera vencida y generar juicios mercantiles y penales en coordinación con la Secretaría de la Honestidad y Función Pública.

De acuerdo a versiones de abogados hay más de un centenar de amparos judiciales y denuncias de comerciantes y empresarios que consideran que hay cobros indebidos de la CESPT y del gobierno estatal.

Se va a seguir cobrando el agua, lo que es, ni más ni menos, afirmó Marina del Pilar.