La entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México llamaron a garantizar el pleno esclarecimiento de las agresiones contra la periodista Lydia Cacho.

Luego de que el tercer tribunal colegiado, con sede en Cancún, Quintana Roo, amparó al prófugo Kamel Nacif Borge en contra del auto de formal prisión que se le giró por el delito de tortura, del cual se le acusa en perjuicio de Lydia Cacho, ONU Mujeres y ONU-DH recordaron la obligación de las instituciones del Estado mexicano “de garantizar una investigación efectiva de los delitos y las violaciones a los derechos humanos” que sufrió la periodista.

Indicaron que dicha investigación debe incorporar plenamente la perspectiva de género y tender a determinar no sólo los autores materiales de los hechos sino también los intelectuales de los mismos, para evitar que permanezcan en la impunidad.

En este sentido, reiteraron su solidaridad con Lydia Cacho y extendieron su reconocimiento a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que la han acompañado en su búsqueda de justicia.

También, recordaron la obligación de dar cumplimiento al Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre el caso, en el cual se determinó que “el Estado mexicano había violado el derecho al acceso a un recurso judicial efectivo, a la igualdad y a la no discriminación”, en relación con la protección contra la tortura, la libertad y seguridad personales y el respeto a la libertad de expresión.

ONU Mujeres y ONU-DH refirieron que entre otros aspectos, el Comité señaló que “los tratos a los que se sujetó a la autora tuvieron un objetivo discriminatorio por razón del sexo, a la luz de la naturaleza de los comentarios sexuales vertidos y del trato sexualizado y violencia de género infligida”.

De igual manera, manifestaron que la obligación de las autoridades de garantizar un ambiente propicio para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a defender los derechos humanos en México debe incluir la investigación y sanción de acuerdo con los principios de debida diligencia de los actos que pretendan coartar estas garantías.

“La actividad de periodistas y personas defensoras de derechos humanos es esencial en una sociedad democrática. El propio trabajo de la señora Cacho ha demostrado la importancia del periodismo para dar a conocer los abusos cometidos desde diferentes ámbitos de poder”, indicaron.

En un comunicado conjunto, agregaron que la impunidad en el caso de Lydia Cacho no solo afecta a la periodista y a sus familiares y favorece la repetición de los delitos y las violaciones a derechos humanos e impacta negativamente a todas las mujeres en México que ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos.

También, refrendaron su disposición de seguir brindando su asesoría y cooperación a las instituciones del Estado mexicano, incluidas las instituciones judiciales, para contribuir a la efectiva incorporación de los estándares internacionales de derechos humanos en su actuar.

Añadieron que la atención efectiva de las situaciones de graves violaciones de derechos humanos en México necesita el compromiso de todas las autoridades, incluidas las judiciales.