Ciudad de México. La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) manifestó su rechazo “por la enorme deuda que mantienen el sistema de justicia y las autoridades responsables en la búsqueda de la verdad y reparación a niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de delitos pederastia, trata de personas y abuso sexual”.

En un comunicado difundido esta noche, se refirió sobre los casos de la periodista Lydia Cacho, “víctima incluso de tortura en 2005 por denunciar una red de pederastia, trata de personas y lavado de dinero que incluye al exgobernador de Puebla, Mario Marín, y al empresario Kamel Nacif”, y el aplazamiento del desafuero al diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, acusado por un adolescente de 15 años de edad de abuso sexual en un hotel de la Ciudad de México, “en lo que pareciera ser un patrón sistemático de conducta cometido contra otros niños, tal como se ha denunciado en medios de comunicación”.

La Redim expuso que “la evidencia más palpable de esta impunidad que abandona a las víctimas, la vemos ejemplificada en las decisiones judiciales y políticas que esta semana se han dado a conocer”. A través de éstas, “se protege a los agresores mientras se vulneran los derechos tanto de la niñez como de las y los defensores de los derechos humanos de las infancias en nuestro país”.

La directora ejecutiva de la red, Tania Ramírez, exhortó al Estado mexicano y a sus autoridades a garantizar el principio del interés superior de la niñez, acceso a la justicia para las niñas, niños y adolescentes, a quienes les han sido violados sus derechos. También a dejar de proteger a los agresores o abusadores y a eliminar los retardos en la reparación a las víctima”.