Ciudad de México. El secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina, reconoció hoy que hubo un fallo en el sistema ubicatumesa, previsto para la consulta popular de este domingo, porque ante la reducción del número de casillas con respecto a los pasados comicios se retrasó su actualización en algunos casos.

Ante el exhorto de la representación de Morena para corregir las fallas, el funcionario ofreció que hoy se corregirá en su totalidad el problema.

El sistema ubicatumesa es la herramienta para que los ciudadanos que quieran votar en la consulta popular identifiquen donde podrán realizarlo. 

En otro orden, durante la sesión del Consejo General del INE, Jacobo Molina presentó un informe actualizado de la situación presupuestal de los Organismos Públicos Locales Electorales, alertando sobre la condición crítica que enfrenta los institutos de Michoacán y de Aguascalientes, a los cuales no se les ha dado respuesta a su petición presupuestal para corregir el recorte que registraron.

Explicó que en el caso de Aguascalientes, no hay respuesta a la petición de 10 millones de pesos para los próximos meses, situación que se hace más complicada en razón de que en octubre próximo el IEE de Aguascalientes dará inicio a un nuevo proceso electoral local y requiere de garantizar su financiamiento.

Asimismo, en el caso de Michoacán, dijo Jacobo Molina, el organismo se vio obligado a solicitar el adelanto de las ministraciones del segundo semestre para hacer frente a la organización de la elección. Sin embargo, tampoco se ha dado respuesta a su solicitud de mayores recursos.

En su oportunidad, el consejero Jaime Rivera consideró inaceptable que por la vía de los recortes de presupuesto se coloque en condición crítica la operación de los institutos locales. Calificó de particularmente grave los casos de Michoacán y Aguascalientes porque enfrentan condiciones precarias inaceptables que colocan en riesgo el cumplimiento de sus funciones constitucionales.

Para el consejero Ciro Murayama, la política de anteponer el ahorro de recursos a garantizar las condiciones para la organización de los comicios es un precedente peligroso que pone riesgo la renovación de los poderes. “Afectar la operación de procesos es una irresponsabilidad democrática, puede afectar la coexistencia pacífica, lo que las elecciones representan”.

En torno a la consulta popular sobre el desempeño de los políticos del pasado que se efectuará este domingo, Viedma pidió el INE asegurar que los ciudadanos que pretendan acudir, eficientando la operación del sistema de consulta.

En este contexto, el presidente de las comisiones unidas de Organización y Capacitación Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña explicó que se han incrementado el número de observadores hasta 12 mil sugiriendo que, ante el activismo que ha tenido Morena en torno a este ejercicio, la gran mayoría podrían ser simpatizantes de ese partido. Les recordó que puedan participar libremente en su calidad de observación pero alertó que su presencia no es en carácter de representantes partidistas por lo que el alcance de su actuación deberá circunscribirse a la observación.

Por otro lado, se presentó un nuevo informe sobre la Violencia política de Género, en torno al cual, la presidenta de la comisión de Equidad de Género, Carla Humphrey dijo que hay características propias de la violencia política en razón de género,como la calidad del denunciante: 106 denuncias fueron presentadas por derecho propio, 12 derivaron de vistas de diversas autoridades, seis fueron presentadas por terceros y 10 por conducto de representantes legales.

Sobre las víctimas, las candidatas a diputaciones federales fueron las que más denuncias presentaron(23), seguidas de las militantes de los partidos políticos (15) y las candidatas a presidencias municipales (13). Asimismo, el mayor índice de denuncias (21 en total) se presentó en contra de ciudadanos; en 17 casos no se identificó al agresor, y las 13 restantes fueron contra candidatos a diputaciones federales.

“Frente a casos de violencia política y ante la imposición de sanciones, se debe atender a la gravedad de los hechos, la capacidad económica de la persona infractora, la reincidencia, así como de cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o la levedad, en su caso, del hecho infractor, así como el uso de herramientas como colaboraciones institucionales para realizar diligencias adecuadas, pues de la severidad de las sanciones se puede disuadir la comisión de actos constitutivos de violencia política en razón de género”, señaló.

Por su parte, la consejera Dania Ravel subrayó la necesidad de conferir importancia de dar seguimiento para que los casos de violencia política contra las mujeres por razón de género que no son atendidos por el Instituto Nacional Electoral no queden en la impunidad.

“En la prevención, atención, sanción, reparación y erradicación de la violencia política contra las mujeres por razón de género, la implementación de estrategias integrales conjuntas y la cooperación interinstitucional es muy relevante, un estado de cero tolerancia a ésta y otros tipos de violencia en contra de las mujeres, requiere de la actuación efectiva, oportuna y óptima de cada una de las autoridades”, estableció.