Washington. El gobierno de Biden acelerará el procesamiento de las solicitudes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, al igual que las expulsiones de algunas familias migrantes, según un plan presentado por la Casa Blanca el martes.
El presidente demócrata Joe Biden ha revertido muchas de las políticas restrictivas de inmigración de su predecesor republicano, el ex presidente Donald Trump. Pero los arrestos fronterizos han aumentado a máximos de 20 años en los últimos meses, lo que ha avivado los ataques de los republicanos.
El plan de 21 puntos tiene como objetivo crear un "sistema de inmigración justo, ordenado y humano", pero señala que "no se logrará de la noche a la mañana".
Los detalles del plan han sido esbozados previamente por la administración en su solicitud de presupuesto anual al Congreso y otros anuncios.
El Gobierno tiene como objetivo acelerar el procesamiento de las solicitudes de asilo en la frontera sur al autorizar a los oficiales a pronunciarse sobre los casos, de acuerdo con el plan, sin pasar por los tribunales de inmigración federales que están retrasados.
La oficina de presupuesto de la Casa Blanca está revisando un borrador de regla para hacer ese cambio desde principios de julio.
El Gobierno también dijo que usaría un proceso conocido como deportación acelerada para resolver los casos de algunas familias atrapadas en la frontera entre Estados Unidos y México más rápidamente, potencialmente deportándolas. Sin embargo, el documento proporcionó pocos detalles sobre la nueva política.
Dos fuentes familiarizadas con la medida dijeron que las deportaciones por vía rápida se aplicarían solo a las familias que no afirman tener miedo a la persecución en su país de origen.
Es probable que los legisladores examinen varias de las propuestas en el plan cuando el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, testifique sobre las solicitudes de financiamiento del gobierno en un comité del Senado el martes.
Entre las solicitudes presupuestarias, el gobierno de Biden está buscando fondos que permitirían que algunas familias migrantes y otras personas vulnerables reciban representación legal a medida que sus casos de inmigración avanzan por el sistema judicial de Estados Unidos.
