Mérida. La Fiscalía General del Estado (FGE) imputó a M.A.L.J., A.A.S. y M.J.R.G., por los delitos de feminicidio y homicidio calificado contra un servidor público, ambos cometidos en pandilla, por los hechos ocurridos el viernes 23 de julio en el fraccionamiento Gran San Pedro Cholul y en un tramo de la carretera Mérida-Motul de esta ciudad, donde fallecieron Teresa Aurora V.C. y el oficial Raúl Adrián C.A., por lo que permanecerán bajo prisión preventiva.

En la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, los fiscales establecieron que en horas de la mañana del pasado viernes, los imputados participaron de manera conjunta en la privación de la vida de la mujer en el fraccionamiento, a quien sorprendieron cuando salía de su domicilio para abordar su vehículo, pero fue sometida y jalada al interior del predio, donde la agredieron con un arma blanca al intentar arrebatarle a su hija de un año y meses de edad.

Tras los hechos, acreditados en la carpeta de investigación por el delito de feminicidio, los encausados abordaron el vehículo de la víctima e intentaron darse a la fuga, pero fueron detenidos momentos después por el oficial motorizado en el citado tramo carretero, donde de manera conjunta los imputados sometieron al agente y lo lesionaron con su arma de cargo, provocando su muerte momentos después a causa de las lesiones infringidas, mientras los encausados continuaban con su huida, pero con el despliegue de un trabajo coordinado, se logró su posterior ubicación y detención cuando intentaban salir del Estado.

En la diligencia realizada en ante la Juez Primera de Control del Primer Distrito Judicial, esta representación social formuló la imputación y presentó los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación de la causa penal 193/2021 para solicitar se resolviera la situación legal de los imputados, quienes se acogieron a la ampliación del término constitucional para definir su condición jurídica, por lo que la Juez de Control estableció que la audiencia se reanude el próximo 30 de julio.

Antes de finalizar la audiencia, los fiscales de litigación expusieron los argumentos para sustentar la solicitud de prisión preventiva como medida cautelar, la cual fue otorgada de manera oficiosa por todo el tiempo que dure el proceso hasta esclarecer la participación de los imputados en los hechos sangrientos.