Ciudad de México. Triangulaciones financieras para trasladar recursos ilícitos por parte de empresas a la campaña del gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, por un monto de 14 millones de pesos y la aportación ilegal en especie mediante mensajes de Mariana Rodríguez –influencer y esposa del candidato– derivaron en que el Instituto Nacional Electoral impusiera multas por 28 millones y 55 millones de pesos a Movimiento Ciudadano, que sumaron 83 millones de pesos.

En sesión, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Adriana Favela, describió que las investigaciones de la unidad técnica en la materia confirmaron la aportación de 14 millones de pesos de familiares de García a Movimiento Ciudadano. Se corroboró que no tenían la capacidad económica para realizarlo, pero se acreditó que tres empresas de las cuales son socios, realizaron depósitos por esa cantidad a las cuentas personales de los familiares que, a su vez, los aportaron a Movimiento Ciudadano, en una triangulación ilegal.

De forma unánime, los consejeros condenaron la operación ilícita que involucró al MC, al candidato y sus familiares, por tratarse de una violación grave que involucra financiamiento ilícito de empresas. Los hallazgos, a partir de información de la Unidad de Inteligencia Financiera, manifestó el consejero Ciro Murayama, son sólidos y acreditan esta maniobra para beneficiar a un partido y una candidatura.

Paralelamente, de forma dividida –8 a 3 votos– se aprobó la más elevada multa por una conducta de este proceso de fiscalización: 55 millones de pesos, por la difusión de mil 300 historias y 40 fotografías a favor de la campaña de García por parte de la influencer Mariana Rodríguez. Se determinó un costo de 20 mil pesos por cada una de la historias subidas a las redes sociales.

La clave, ser persona física con actividad empresarial

Aunque los consejeros Dania Ravel y José Roberto Ruiz Saldaña consideraron que el carácter de esposos hacía inviable juzgar estos mensajes como acto fuera de la ley de una persona física con actividad empresarial, la mayoría respaldó el proyecto que establece que fue una aportación ilegal. Se determinó que deberán sumarse 28 millones de pesos al gasto de campaña de García. Para ambos consejeros, Rodríguez tenía plena libertad de apoyar cualquier candidatura y en calidad de esposa no puede estimarse como un cobro una expresión de simpatía.

En respuesta, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, rechazó que se acote su libertad de expresión, pues no se le está asociando por participar en los actos de campaña, sino por utilizar su medio principal de ingresos, como persona física con actividad empresarial, para ponerlo a disposición de la campaña de García, es decir, usar sus redes sociales, que están registradas como parte de su actividad empresarial, a favor de una candidatura.

La consejera Claudia Zavala sostuvo que no está a debate la relación de Rodríguez y García, sino la participación de la influencer en respaldar una campaña en sus redes sociales. Subrayó que, a diferencia de lo ocurrido en 2018 –cuando el Tribunal Electoral rechazó que mensajes similares en la campaña al Senado de García fueran aportaciones cuando no se tenía claridad si Rodríguez recibía recursos por sus mensajes–, en esta ocasión, lo que cambia radicalmente es que la influencer está registrada ante Hacienda como persona moral con actividad empresarial.