Las víctimas de tortura aumentan en México, en un contexto agravado por la pandemia de la Covid-19, advirtió un nuevo informe de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT).

De acuerdo con el estudio, existe un aumento de la población carcelaria, de la violencia a manos de los cuerpos de seguridad y el abandono de los derechos y necesidades básicas de los migrantes.

Por lo anterior, “es más urgente que nunca que se establezca una política pública para hacer frente a las necesidades de miles de personas en una situación de alto riesgo de tortura y otros malos tratos”, indicó la OMCT en un comunicado.

El colectivo señaló que la superpoblación carcelaria aumentó de forma significativa en 2020 - más de 14 mil personas -, lo cual ha generado 3 mil 456 casos de contagio (que se conozcan hasta ahora) por SARS-COV-2 entre personas privadas de libertad a 11 de julio de 2021.

Por tal razón, México ocupa la cuarta posición en el mundo en el número de muertos causadas por la pandemia, sin medidas adecuadas, las personas privadas de libertad están en la primera línea de exposición al virus.

La OMCT indicó que también es preocupante la “falta sistemática de atención de las necesidades básicas de las personas migrantes y solicitantes de asilo”. Las estaciones migratorias continúan llenándose en un contexto de creciente securitización de las fronteras y los controles migratorios. El uso de la fuerza es recurrente, en dichos espacios, en los corredores y contra las caravanas de migrantes.

Durante la misión, puntualizó el organismo internacional, también se observó un recrudecimiento de la represión, por parte de fuerzas de seguridad, civiles y militares, en el marco del cumplimiento de restricciones vinculadas a la pandemia (toques de queda, uso obligatorio de cubrebocas, restricciones a la circulación, etc).

Esto mismo ocurrió en el contexto de acciones de protesta en diversas regiones del país, siendo las protestas en Jalisco en junio de 2020 un caso emblemático. “En múltiples incidentes se registró que las personas manifestantes fueron detenidas de manera arbitraria, incomunicadas y sometidas a tortura (incluida tortura sexual) y otros malos tratos”, lamentó.

En el informe dado a conocer hoy se sintetizan los hallazgos de la misión virtual de seguimiento a la implementación de las Observaciones Finales (2019) del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) a México, realizada en febrero de 2021.

Entre las recomendaciones clave del CAT, destacó la urgencia de adoptar y publicar el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles. Inhumanos o Degradantes, pendiente desde la adopción de la Ley contra la Tortura de 2017.

“La particularidad de esta misión es que en vez de posponerla a causa de las restricciones derivadas de la COVID-19, fue llevada a cabo de forma virtual. Esta fue la primera misión virtual que realizamos”, destacó Olga Arnaiz Zhuravleva, representante de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT). “Fue positiva la apertura que tuvieron varias autoridades a la hora de concertar reuniones con la delegación internacional y agradecemos la oportunidad que tuvimos de hablar con sobrevivientes que quisieron compartir sus testimonios y frustraciones, así como el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil alrededor de esta iniciativa”, añadió.

El informe “muestra que estas frustraciones están aumentando debido a la falta de mecanismos adecuados para asistir y proporcionar reparación a las víctimas así como para proteger a las personas en riesgo. Instamos a las autoridades a tomar medidas para abordar estas necesidades urgentes”, alertó la OMCT.

Por su parte, Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT, lamentó: “Es la vieja historia: miles de denuncias se acumulan con un número irrisorio de sentencias o de investigaciones rigurosas. Sí, reconocemos que hay esfuerzos positivos por parte de las autoridades, pero son insuficientes frente a la magnitud del problema”.

Por encima de todo, dijo, “solicitamos una explicación pública de las autoridades competentes sobre la situación del Programa Nacional para Prevenir Sancionar la Tortura. Es la pieza clave de la Ley contra la Tortura y, sin embargo, sigue sin existir. Este programa es un instrumento vital para retomar el diálogo con la sociedad civil, proteger a las víctimas y luchar contra la impunidad”.