Ciudad de México. Corresponderá a la Fiscalía General de la República (FGR) integrar una carpeta de investigación y determinar si judicializa o no al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y al ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, por haber incurrido en desacato a una sentencia de amparo que ordenaba la entrega de medicamentos oncológicos en todo el país y particularmente a un hospital en el estado de Chiapas. Lo anterior, luego de que un tribunal ordenó que denunciara a ambos funcionarios ante el Ministerio Público Federal, y se les sancionara por no acatar el mandamiento judicial.

A este respecto, funcionarios federales señalaron que en este caso el Ministerio Público Federal podría declarar el no ejercicio de la acción penal, al considerar que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) informó el pasado 14 de julio a padres de niños con cáncer, la llegada al país de 12 claves de fármacos oncológicos como Bleomicina; Carboplatino; Dacarbazina; Daunorubicina; Doxorubicina; Epirubicina; Etopósido; Fluorouracilo; Metotrexato; Oxaliplatino; y Vincristina, y que el retraso para que se surtieran este tipo de medicamemntos se debió a un problema de abato relacionado con cuestiones contractuales con los laboratorios que los producen.

Asimismo, refirieron que desde el pasado 12 de julio el organismo nacional emitió órdenes de suministro para 28 entidades que solicitaron medicamentos para tratamientos contra el cáncer. Entre ellos, Ciclofosfamida; Epirubicina; e Idarubicina.

Más aún, explicaron que representantes del Insabi ha sostenido seis reuniones con organizaciones de padres de niños con cáncer de Veracruz, Oaxaca, Guerrero, estado de México, Ciudad de México y Yucatán, y también se ha informado a organizaciones civiles integradas por médicos, en las que se les proporcionaron copias de las órdenes de suministro emitidas de enero al 9 de julio pasado para la adquisición de los medicamentos oncológicos realizada por el Insabi y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).

Según los reportes de la Secretaría de Salud se han emitido 2 mil 513 órdenes que corresponden a 153 claves que suman un millón 259 mil 828 piezas.

Esta denuncia en contra del titular de Salud y el ex secretario de Hacienda surgió de la resolución del juicio de amparo 579/2020, promovido por la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica (AMOHP), y diez quejas presentadas por el incumplimiento en el absto de medicamentos.

Un juez federal otorgó “el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin de que las autoridades responsables realizaran programas de suministro de medicamentos y otros insumos esenciales a sus agremiados para los tratamientos oncológicos para el cáncer infantil”, y la medida fue ratificada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, con sede en la Ciudad de México.

El órgano jurisdiccional consideró “procedente declarar fundado el presente recurso de queja y conceder la suspensión de plano a la asociación quejosa para el efecto de que las autoridades responsables desarrollen de manera urgente y efectiva, todas las acciones o gestiones que resulten pertinentes, incluso ante diversas instancias, dentro de su ámbito de atribuciones, que permitan que se programe el suministro de medicamentos y otros insumos esenciales a los agremiados de la quejosa que laboran en hospitales públicos para los tratamientos oncológicos para el cáncer infantil y en concreto para el Hospital de Especialidades Pediátricas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”.

En este caso, la ley establece que aquel funcionario que no “obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra (...) podrá ser sancionada penalmente” y la legislación penal señala una “pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos”.

Sin embargo, la FGR deberá analizar las constancias que presenten las instituciones de salud, ya que la denuncia se presentó ante la FGR el pasado 16 de julio, en tanto que cuatro días antes el Insabi ya había emitido las órdenes de suministro para 28 entidades del país, por lo que podría decretar el no ejercicio de la acción penal, señalaron funcionarios federales.