Ciudad de Guatemala. La jefa del Ministerio Público de Guatemala, Consuelo Porras, removió del cargo a uno de los fiscales que llevaba importantes casos de corrupción y transfirió esos expedientes a otra funcionaria de investigación señalada de varios ilícitos.
Carlos Videz, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) —una de las instancias más importantes del Ministerio Publico y que tenía a su cargo casos avanzados contra ex funcionarios, empresarios, magistrados y diputados por temas de corrupción— fue removido y transferido a la Fiscalía de Ejecutorias, que no hace investigaciones.
Al ser consultado sobre los cambios, el Ministerio Público dijo a través de su oficina de prensa que se dieron cambios dentro de la misma FECI y que tienen lugar "por seguridad y por los casos de alto impacto que conoce”. Agregó que el cambio del fiscal fue porque éste solicitó un ascenso.
Los casos que el fiscal Videz tenía asignados fueron trasladados a la fiscal Cinthia Edelmira Monterroso Gómez, quién tiene una denuncia en la Fiscalía de Asuntos Internos por abuso de poder y que fue presentada por el mismo Jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval. Según la denuncia, Monterroso Gómez habría usado su cargo para solicitar información bancaria del esposo de una amiga porque la mujer intentaba averiguar una infidelidad de su pareja.
La Fiscalía de Asuntos Internos intentó solicitar incluso una orden de arresto contra Monterroso Gómez, pero no fue autorizada por la fiscal general Porras.
La tarde del jueves, Sandoval presentó su objeción a la decisión de Porras de asignar los expedientes a la fiscal cuestionada por considerar que es contraria a la ley y porque tiene varios procesos penales y administrativos en su contra. Porras no ha respondido a la objeción de Sandoval.
El lunes la jueza Erika Aifán presentó una nueva denuncia contra Monterroso Gómez y le pidió a a Porras una investigación penal y administrativa inmediata por obstrucción a la justicia. La nueva denuncia dice que la fiscal, usando su cargo, solicitó movimientos migratorios de personas que no eran parte de un proceso judicial.
Monterroso Gómez había presentado previamente denuncias contra Aifán, pero fueron desestimadas por carecer de veracidad. La juez es la que tiene a su cargo los casos que el fiscal Videz tenía y que Porras ordenó se le trasladara a Monterrosa Gómez.
Entre los casos que conoció Videz están los de los empresarios Gustavo Alejos y Alejandro Sinibaldi, ambos acusados en distintas causas por corrupción y financiamiento electoral ilícito. Los dos fueron nombrados por el Departamento de Estado estadounidense como corruptos y se les retiró la visa de entrada a ese país.
Videz tenía a su cargo, además, la investigación del hallazgo en octubre de 2020 de 122 millones de quetzales (alrededor de 15.6 millones de dólares) encontrados en maletas en una casa semi abandonada en la ciudad guatemalteca de Antigua supuestamente propiedad del exministro de comunicaciones del pasado gobierno de Jimmy Morales y prófugo de la justicia, José Benito. Morales nombró a la fiscal Porras. Según la investigación del dinero encontrado, este caso alcanzaría incluso a funcionarios del actual gobierno por posible sobornos y financiamiento electoral.
Varios activistas han dicho que la FECI es una de las pocas fiscalías que opera con independencia y contra la corrupción y que está bajo constante acoso. Estados Unidos la ha respaldado y ha dicho que es la entidad con la que desean trabajar en un proyecto regional de lucha anticorrupción, una de las causas de la migración hacia ese país, según funcionarios estadounidenses.
La FECI fue por 12 años la contraparte con la que trabajaba la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de Naciones Unidas que lideró la lucha anticorrupción logrando la salida del cargo del expresidente Otto Pérez Molina y su gabinete por casos de corrupción.
