Buenos Aires. La Misión de Solidaridad Internacional y Observatorio de Derechos Humanos de Argentina denunció al gobierno del presidente colombiano, Iván Duque, por implementar un “plan sistemático de represión ilegal que constituye delitos de lesa humanidad”, en un informe que dio a conocer este jueves después de un viaje realizado a ese país por integrantes de esta organización, siendo testigo del accionar represivo del Estado contra la población civil, durante las protestas que continúan aún en ese país, desde hace casi tres meses.
Consideran que el documento es un material más que rico “para poder abrir la jurisdicción universal y someter a juzgamiento a cada una de estas violaciones a los derechos humanos".
El extenso y duro informe final de la delegación que representa a varios organismos de derechos humanos y que permaneció en Colombia entre el 25 de mayo y el dos de junio está dirigido a las “víctimas de la represión, a quienes sufren, a las madres que siguen buscando a sus hijos desaparecidos”.
Advierte que lo actuado por el Estado colombiano “es una una versión de la Doctrina de Seguridad Nacional (aplicada por Estados Unidos en los años 70-80 mediante las dictaduras impuestas en la región) que considera enemigo interior a su población civil indefensa y descargando sobre ella una violencia represiva propia de una confrontación bélica”.
Añade que durante casi dos meses de protestas, la fuerza pública “incumplió con los criterios de proporcionalidad, racionalidad, legalidad y necesidad que les son exigidos a todo estado de derecho respetuoso de los derechos humanos” y da cuenta de que el informe es el resultado de todo lo que recogieron en Colombia, por lo que la misión argentina exige al Estado colombiano que desmantele el cuestionado Escuadrón Móvil de Antidisturbios (Esmad) y cumpla con los Acuerdos de Paz firmados en 2016 con las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que cese la "sistemática persecución, desaparición y asesinato de los/as firmantes de esos acuerdos y de líderes y lideresas que expresan la genuina representatividad del pueblo”.
Se destaca que el documento surge de un trabajo de campo intenso realizado por el colectivo argentino en Colombia, donde recorrieron distintas regiones recogiendo de primera mano testimonios, pruebas y denuncias sobre las violaciones de derechos humanos por el Estado colombiano, visitando ambitos sociales, religiosos y culturales, hospitales y hasta los propios domicilios de las víctimas y/o sus familiares y allegados.
Entre varios casos relatan la historia de varios de los asesinados y desaparecidos durante la represión, con la actuación del Esmad. También están los testimonios de las víctimas de secuestros, torturas, violaciones de mujeres detenidas, incluyendo adolescentes, llevadas a varios centros de torturas por parte de los integrantes de las fuerzas de seguridad, y hubo caso de suicidios de estas víctimas ante la tragedia que habían vivido.
El informe presentado es un documento rigurosamente trabajado por los delegados de la Misión, integrada entre otros por el Servicio de Paz y Justicia, la Asamblea Permanente por los derechos Humanos, la Asociación de Juristas Internacionales, los encargados de derechos humanos de centrales sindicales, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), el Frente de Organizaciones en Comisión, cuya delegada Marianella Navarro, dijo a Página/12 que “sin lugar a eufemismos” en Colombia “se vive el terrorismo de Estado y se violan sistemáticamente los derechos humanos de la población en general”.
Entre estos citó a jóvenes de la primera línea, las mujeres que sufren abusos y violaciones por parte de agentes de la fuerza pública, las comunidades afrodescendientes e indígenas que padecen el racismo y el despojo territorial”, mientras otros entrevistado Ismael Jalil, sostuvo que en Colombia existe “una trilogía del terror” entre la policía, el ejército y los paramilitares, “todos actores guionados por un mismo autor que es el Estado”.
Los testimonios de las víctimas, la mayoría muy jóvenes son sobrecogedores y están avalados por médicos, juristas y especialistas en derechos humanos, también la comisión además de señalar la ferocidad del aparato represivo, señaló el rol del Poder Judicial “en el encubrimiento y eventual impunidad de los responsables políticos y materiales a través de la inoperancia en algunos casos y de sus iniciativas en clave de la elaboración de los falsos positivos judiciales en muchos otros”.
