Ciudad de México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una sexta denuncia en contra de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), por probables delitos de corrupción política y desvío de recursos a través de contratos otorgados a 34 empresas vinculadas con Odebrecht, la constructora brasileña acusada de repartir sobornos a varios gobiernos de América Latina.

La querella presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) involucra a 11 personas físicas –además de Lozoya Austin– y a 33 personas morales. Se presume que las operaciones beneficiaron a servidores públicos mexicanos y sirvieron también para financiar campañas políticas. Tan sólo a una de las firmas se transfirieron 3 mil millones de pesos por servicios de los que no hay registro, detalló la UIF.

Entre las empresas a través de las que se presume se realizó el desvío de recursos entre 2012 y 2016 se encuentran Odebrecht Ambiental México, Eseasa Construcciones SA, TTG Asociados SC, Blunderbuss Company de México SA, Adding Machine Company de México SA, IECL de México SA de CV y SWT México.

La UIF, órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, explicó que, derivado de un análisis, identificó un esquema de lavado de dinero en Pemex que consistió en contratos millonarios otorgados a 34 empresas relacionadas con Odebrecht, y el cual operó en tres niveles para favorecer a servidores públicos mexicanos y posiblemente financiar campañas políticas.

Detalló que en el primer nivel las empresas vinculadas de forma directa con Odebrecht recibieron los recursos públicos erogados por Pemex y organismos gubernamentales de forma injustificada. Destaca una firma de la constructora brasileña que entre 2014 y 2016 recibió transferencias por más de 3 mil millones de pesos, supuestamente por la prestación del servicio de construcción a favor del gobierno federal. Sin embargo, dichos servicios no fueron realizados.

Las firmas en el segundo nivel de operación, de acuerdo con la UIF, recibieron el dinero del primer grupo y se encargaron de intercambiarlo y estratificarlo mediante un esquema de triangulación de recursos. Posteriormente los enviaron a las empresas del tercer nivel, las cuales tienen características de ser fachada.

Estas últimas se encargaron de difuminar los rastros de los activos ilícitos mediante la distribución de recursos e hicieron retiros masivos de efectivo en zonas donde se llevaron a cabo comicios electorales, como Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y Ciudad de México; esta última ciudad pudiera estar relacionada con los pagos derivados de sobornos a favor de Emilio Lozoya Austin, explicó la UIF.