El gobierno de la República Sudafricana ha enviado a 25,000 militares a las provincias de KwaZulu-Natal y Gauteng, donde se han presentado disturbios en los últimos días tras el encarcelamiento del ex mandatario Jacob Zuma.

El presidente del país, Cyril Ramaphosa, durante un discurso en la ciudad de Durbán dio a conocer esta decisión y señaló que las autoridades se ven obligadas a “reconsiderar todo lo que hacemos para proteger a nuestro pueblo y los bienes del país”.

“Apreciaremos si los ciudadanos de a pie cooperan con las fuerzas de seguridad para defender estas áreas, los bienes y la democracia”, aseguró Ramaphosa al calificar la situación actual. Señaló que las autoridades ya identificaron a los “instigadores”. “No permitiremos que en nuestro país reine la anarquía y el caos”.

La ministra interina de la Presidencia, Khumbudzo Ntshavheni, actualizó el balance de víctimas. Se registran 189 personas fallecidas en la provincia de KwaZulu-Natal y 32 en Gauteng, dando un total de 217 muertos.

Los protestas en Sudáfrica comenzaron después de que el ex presidente Jacob Zuma empezó a cumplir su condena en la cárcel.

La Corte Constitucional condenó a Zuma a 15 meses de cárcel por negarse a declarar en un caso de presunta corrupción durante su gobierno. Si bien el ex mandatario en un principio se había negado a acatar la sentencia, a última hora del miércoles de esta semana se entregó a la policía.

Zuma se vio obligado a dimitir en febrero de 2018 –un año antes del fin de su mandato– a instancias de su partido Congreso Nacional Africano en medio de acusaciones de malversación de fondos públicos. Fue relevado en la presidencia por Cyril Ramaphosa.

La justicia le acusaba de fraude, corrupción, lavado de dinero y extorsión, cargos que el líder sudafricano rechazó tajantemente aduciendo que todas sus operaciones financieras fueron vigiladas por los organismos competentes.

En 2009 Zuma ya enfrentó 783 cargos de corrupción relacionados con contratos públicos para la adquisición de armas en los años 90, pero después de su victoria en los comicios presidenciales en 2009, la Fiscalía decidió cerrar el caso, alegando que el proceso obstaculizaría la vida política del país.