Bucaramanga. El tribunal de paz en Colombia imputó el jueves a 15 miembros del Ejército por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por el asesinato de 127 personas bajo la figura de “falsos positivos”, como se conocen en el país las ejecuciones extrajudiciales en las que algunas unidades del Ejército presentaron a civiles inocentes como guerrilleros vencidos en combate.

“La JEP determinó que los 15 imputados hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la unidad militar y a través de la cual se desplegó una conducta extendida, y a gran escala, para presentar resultados operacionales ficticios en los que presentaron como “bajas en combate” a personas asesinadas en estado de indefensión por miembros del Ejército o por paramilitares”, aseguró en un comunicado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal creado para juzgar los delitos cometidos en el conflicto armado colombiano.

Los crímenes ocurrieron en el Batallón La Popa entre el nueve de enero de 2002 y el nueve de julio de 2005 en los departamentos de Cesar y La Guajira, al norte del país, bajo el mando de los tenientes coroneles Publio Hernán Mejía Gutiérrez y Juan Carlos Figueroa Suárez, quienes según la JEP impartieron a sus tropas la orden de presentar bajas sin importar si no se trataba de personas vencidas en combate y ayudaron a encubrir la información para evitar sanciones.

El tribunal de paz concluyó, tras revisar material probatorio, que en 121 casos ocultaron el rastro de las víctimas por lo que también se configuró el delito de desaparición forzada.

Los imputados tendrán 30 días hábiles para reconocer la responsabilidad de los hechos o rechazarlos. En caso de que la JEP decida que hay un “aporte a la verdad plena” podrán tener sanciones que no impliquen privación de la libertad, previamente consultadas con las víctimas. En cambio, si niegan su responsabilidad y son vencidos en juicio podrán ser condenados a una pena máxima de 20 años de cárcel.

Se trata de la segunda imputación a militares que hace la JEP dentro del caso de “falsos positivos”. El 6 de julio fueron imputados otros 11 militares, entre ellos un general, por el asesinato y desaparición de al menos 120 personas en el Catatumbo, fronterizo con Venezuela.

“En estas unidades militares estaban enquistados aparatos organizados de poder, políticas que fueron ejecutadas y por consiguiente no corresponden simplemente a manzanas podridas, sino a una organización que permitió la fuerza pública en su interior”, dijo el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, el jueves a la prensa.

En el caso de Mejía Gutiérrez, la JEP encontró que el entonces comandante del batallón hizo una alianza “directa” con grupos paramilitares en la que “coordinó" con ellos la entrega de las víctimas “vivas y muertas” que después fueron presentadas como bajas en combate.

En febrero de 2021, la JEP elevó a 6.402 la cifra de víctimas de “falsos positivos” en el país y advirtió que esta puede incrementar en la medida de las investigaciones que realiza. Esto representó un cambio significativo en la magnitud de uno de los delitos más repudiados por la sociedad colombiana en medio de su conflicto interno. Previamente, la Fiscalía calculaba en 2.248 el número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el país.

Al menos 3.000 militares se han acogido a la JEP con el compromiso de contar la verdad y reparar a las víctimas del conflicto interno.

El tribunal señaló que en el caso de la región Caribe hubo un ataque “generalizado y sistemático” en contra la población civil, especialmente sobre los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo en los que hubo 12 casos de falsos positivos, entre ellos una víctima menor de 13 años en estado de embarazo.

“A ella le amarran un trapo aquí para que no gritara, porque llega pidiendo auxilio para que no la mataran. (…) mi hermana no era ninguna guerrillera… de ningún grupo...ella era una niña trabajadora y a la vez era una niña y estaba embarazada”, relató la hermana de la menor durante una audiencia ante la JEP en 2019.

El tribunal de paz encontró patrones en la selección de las víctimas por parte de los militares: escogieron personas en condición de vulnerabilidad, sin apoyo de sus familiares, para que éstos no los intentasen buscar; así como a personas señaladas de pertenecer a grupos ilegales sin una previa verificación de la información ni combate.

Además, la JEP indicó que algunos casos hubo “especialización de funciones” en el proceso para asesinar las víctimas y ocultarlas, el cual consistió en “ejecutar a las víctimas, establecer los contactos con los paramilitares, participar en actos de simulación de combate, preparar la documentación falsa, conseguir las armas y uniformes o buscar a las víctimas en otros lugares”.