Mexicali, BC. El Gobierno de Baja California incumplió la Ley de Coordinación Fiscal al omitir la obligación de trasferir las participaciones federales que le corresponden a las administraciones municipales.

El gobierno de Jaime Bonilla, a través del secretario estatal de Hacienda Adalberto González, retuvo los recursos que la Federación asigna a los ayuntamientos de Tijuana, Mexicali y Playas de Rosarito, dentro del Sistema de Coordinación Fiscal, y solicitó que lo consideren un préstamo a cobrar, tres meses antes de que concluya la actual administración estatal.

Es decir, a finales de julio de 2021, los ayuntamientos de Baja California estarían en capacidad de requerir el pago o solicitar que los transfieran a la deuda con la seguridad social.

La Ley de Disciplina Financiera obliga a las administraciones estatales a cubrir las deudas a corto plazo 90 días antes de concluir su gestión. Las Participaciones Federales retenidas se destinarán para este fin, de acuerdo a fuentes consultadas.

De manera ilegal, los municipios "financiaron" con cerca 600 millones de pesos el último tramo del gobierno estatal, toda vez que la Ley del Régimen Municipal sólo les permite destinar recursos a entidades paramunicipales; sin embargo, los cabildos de estos ayuntamientos con mayoría de Morena accedieron al "préstamo" al gobierno estatal

Otra irregularidad es que se contó con la aprobación de los cabildos: Tijuana con 389 millones, Mexicali con 180 millones y Rosarito con 34 millones de pesos.

Baja California es una de las 17 entidades de alta dependencia de las participaciones federales. Según la Auditoría Superior de la Federación las participaciones federales representan el 90.5 por ciento de su presupuesto.

De cada peso, 90 centavos del presupuesto estatal provienen de recursos federales, al igual que 70 centavos de cada peso que reciben los ayuntamientos

"En el caso de los municipios la dependencia de los recursos es también elevada. Las participaciones federales son relevantes en el financiamiento de la hacienda pública de los municipios por la escasez de fuentes de ingreso y el bajo aprovechamiento de las disponibles particularmente el impuesto predial y los derechos del agua", advierte la ASF.

A pesar de ser una promesa de campaña de Bonilla Valdez el entregar la administración del agua potable a los municipios, la administración estatal mantiene los ingresos de ese recurso natural, a través de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos. Por ende, los recursos propios de los municipios se circunscriben en el pago del impuesto predial.

Las Participaciones Federales son los recursos que tienen derecho a percibir los Estados y Municipios por la adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y por los rendimientos de las contribuciones especiales.

La Ley de Coordinación Fiscal determina la asignación de montos de las participaciones que se entregan al gobierno estatal para su distribución a los municipios. El incumplir con la entrega representa irregularidades administrativas y genera observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.