Monterrey, NL. La asociación Alternativas Pacíficas y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) exigieron al gobernador electo Samuel García un pronunciamiento al cumplirse 11 meses de la desaparición de la integrante del CIESAS Mayela Álvarez.

En rueda de prensa, en conjunto con los familiares de Álvarez —se desempeñaba como Secretaria técnica de la maestría en Antropología social del CIESAS, y desapareció el 11 de agosto de 2020, en el municipio de San Nicolás de los Garza—, las organizaciones pidieron a García y a los funcionarios estatales electos a fijar una postura en materia de desapariciones.

"Como académicas y académicos, hacemos un llamado a las autoridades recién electas, en particular al gobernador Samuel García, a definir una postura clara en materia de prevención y sanción de las desapariciones, así como a las y los congresistas, para que doten de recursos para la investigación y búsqueda de personas desaparecidas, así como a llevar a cabo la armonización de ley general en materia de desaparición forzada de personas y cometida por particulares en Nuevo León.

"Exigimos envíen un mensaje claro en contra de este crimen de lesa humanidad, que son las desapariciones forzadas de personas, y haya voluntad de que no queden impunes. Y nos sumamos a la exigencia de verdad y justicia de los familiares de Mayela y de todas las personas desaparecidas en la entidad".

Además, la familia de Álvarez denunció que aunque han presentado información sobre posibles líneas de investigación, las pruebas no han sido revisadas por las autoridades.

"Es incluso increíble la inacción por parte de Fiscalía pues a pesar de tener información muy valiosa para la localización de mi madre, brindada por mí misma el 17 de mayo pasado, y que debería llevarla a realizar acciones de búsqueda en coordinación con la Comisión Local de Búsqueda, no ha presentado avances concretos", abundó Maya, hija de Álvarez.

Además, la organización Alternativas Pacíficas, dedicada a proteger a mujeres víctimas de violencia, aseguró que la Fiscalía perdió pruebas vitales para la investigación. "Desde el aspecto legal, hacemos notar los tiempos de actuación de la Fiscalía General del Estado, los cuales, han llevado a la pérdida de material probatorio relevante a la investigación por la falta de debida diligencia".

La organización también señaló que desde marzo, las autoridades no han informado avances de la indagatoria a la familia de Álvarez. "Recordamos que la Autoridad tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos, de investigar seriamente las violaciones que se hayan cometido en su ámbito de jurisdicción a fin de identificar a los responsables e imponer las sanciones correspondientes, así como la de brindar información periódica a los familiares de la víctima".