Ciudad de México. La justicia ambiental es un ingrediente sustancial de las democracias constitucionales, en donde los jueces y juezas juegan un papel fundamental ante el reto que implica su acceso, aseguró el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, durante la ceremonia de clausura del Congreso Interamericano de Derecho Ambiental.

Al participar en el foro denominado Biodiversidad y Derecho, Ortiz Mena enfatizó que entre las conclusiones a las que arribaron los participantes en este encuentro, destaca la necesidad de “representarnos y transformarnos como sociedades democráticas para evitar conflictos relacionados con la precariedad y pobreza como causa y efecto del deterioro ambiental; apuntamos la importancia de adoptar un derecho humano a un medio ambiente sano, el cual debe tener una construcción sustantiva y ecocéntrica”.

El acto fue organizado por la Corte en colaboración con la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (WCEL-IUCN, por sus siglas en inglés) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y en él participaron los integrantes del máximo tribunal del país, así como especialistas e investigadores de veinte naciones.

Ortiz Mena señaló que durante el encuentro se identificaron importantes barreras procesales para acceder a la justicia medioambiental, que van desde las regulaciones procedimentales, el costo de los litigios, hasta la necesidad de generar, obtener y comprender evidencia científica e información precisa.

Insistió en “la necesidad de que los jueces y las juezas conozcan el lenguaje de la ciencia para acercarse a esa evidencia de manera útil y crítica; reconocimos la importancia de la participación ciudadana y su capacidad de cambiar las instituciones públicas, incluida la función judicial, y atribuimos un papel protagónico a los movimientos sociales; reconocimos también la vulnerabilidad de ciertas comunidades que reciben los mayores impactos de denigración ambiental y el riesgo que enfrentan los defensores de derechos ambientales”.