Amnistía Internacional (AI) México expresó su preocupación por la detención de un grupo de mujeres que protestaban ayer frente al edificio de la Secretaría de Educación en el estado de Jalisco, e instó a las autoridades estatales a respetar la integridad de las detenidas, el debido proceso y garantías judiciales, así como su derecho a recibir atención médica adecuada, en caso necesario, y que en todo momento tanto ellas como sus familias puedan conocer su situación jurídica y su paradero.
En un pronunciamiento, destacó que lo sucedió ayer “repite claramente esquemas de represión ocurridos en otros estados del país, que limitan el derecho a la libertad de expresión y de reunión y estigmatizan la legítima protesta de las mujeres, organizaciones y colectivas feministas”.
Exhortó a las autoridades de Jalisco a cumplir con las obligaciones de protección y garantía de los derechos humanos que mandatan los convenios internacionales en la materia firmados por el Estado mexicano.
La directora ejecutiva de AI México, Edith Olivares Ferreto, resaltó que es urgente que las autoridades estatales “se abstengan de hacer declaraciones estigmatizantes contra las manifestaciones organizadas por mujeres que protestan contra la violencia de género; reconozcan la legitimidad de las mismas y se pronuncien claramente” contra dicho flagelo, en todas sus modalidades, incluyendo la escolar “y con especial carácter, de obligación reforzada, cuando se trata de niñas y adolescentes”.
Indicó que al calificar de “vandálicos” los hechos ocurridos frente al edificio de la Secretaría de Educación, las autoridades estigmatizan a las mujeres que protestan y distraen la atención sobre los motivos que las orillan a manifestarse.
Amnistía Internacional también observó con preocupación el uso del sistema de justicia penal para criminalizar a las mujeres que protestan. “El proceder de las autoridades en Jalisco demuestra un patrón de conducta de autoridades estatales y municipales, que se ha repetido en otros estados como Guanajuato, Sinaloa, Quintana Roo, el estado de México y la Ciudad de México, tal y como lo documentamos en nuestro informe México: La era de las mujeres. Estigma y violencia contra mujeres que protestan”.
La organización internacional expuso “que pintar consignas e intervenir monumentos son expresiones protegidas por el derecho a la libertad de reunión pacífica”. En este sentido, llamó a las autoridades competentes a tener presente que su deber es considerar a todas las manifestaciones como pacíficas excepto cuando se presenten acciones que puedan provocar lesiones graves o muerte a personas, o daños graves a bienes.
De igual manera, hizo un llamado a que toda restricción impuesta al derecho de reunión y a la libertad de expresión sea estrictamente necesaria y proporcionada para cumplir alguno de los objetivos legítimos consagrados expresamente en el derecho internacional de los derechos humanos. “En particular, las autoridades deben abstenerse de utilizar la legislación penal y administrativa para inhibir la participación en manifestaciones y acallar por otros medios las críticas contra las autoridades”.
Finalmente, convocó a las autoridades de Jalisco a que reconozcan públicamente la legitimidad de la protesta y el derecho a la libertad de reunión y expresión.