Buenos Aires. En resguardo de la sobreranía argentina en el archipiélago de Las Malvinas, bajo legislaciones nacionales y dentro de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los secretarios de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, y de Energía, Darío Martínez, anunciaron este jueves el inicio del proceso para inhabilitar a las empresas petroleras Chrysaor Holdings Limited y Harbour Energy Plc., con sede en Reino Unido, y Navitas Petroleum LP, con sede en Israel, que realizan actividades comerciales ilícitas de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, en la Cuenca de Malvinas Norte.

Estas empresas lo hacen utilizando el proyecto Sea Lion bajo licencias ilegales que otorgan las autoridades ilegítimas de Las Malvinas, ocupadas colonialmente por Gran Bretaña desde 1833, y que nunca han dejado de ser reclamadas por este país. Esta medida se tomó dentro del marco de la ley 26.659, que establece las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, entre las cuales se encuentra la obligación de obtener permisos previos para realizar estas actividades y que tiene previstas sanciones ante su incumplimiento.

La inhabilitación se impone por un período de 5 a 20 años, entre otras penalidades. De la misma manera la ley prohíbe “tener participación directa o indirecta en personas jurídicas, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin haber sido habilitadas por autoridad competente argentina, o que presten servicios para dichos desarrollos”.

El secretario Filmus detalló el inicio de estas sanciones a las empresas que no tienen autorización del gobierno argentino y explicó que la medida tomada hoy se apoya en “un conjunto de declaraciones de diversos organismos multilaterales: la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), el G77 + China, la CELAC, el Mercosur, la Cumbre Iberoamericana, que sesionó hace poco más de un mes.

Estas entidades defendieron la Resolución 2065 de la ONU para terminar con el conflicto mediante una negociación directa bilateral como forma de resolución definitiva y pacífica del diferendo con Reino Unido por la soberanía de las Islas, además de apoyar el derecho de Argentina de iniciar acciones como la de este día debido a las constantes violaciones a la Resolución 3149 de la ONU “que plantea que ninguna de las dos partes puede tener algún tipo de acción unilateral sin autorización de la otra”.

Otro tema destacado es el enorme riesgo ambiental de un accidente- de los que ya hubo varios- con consecuencias que pueden llegar hasta la Antártida y Atlántico Sur.

Por su parte, el secretario de Energía se refirió al trabajo conjunto con la Secretaría de Malvinas de la Cancillería “en función de estas irregularidades que hemos detectado advirtiendo que la La ley es muy clara y que las empresas no están habilitadas para operar, ni han pedido ningún tipo de autorización”.

Ratificó la importancia de defender la soberanía energética, por lo cual la secretaría de Energía aporta el conocimiento técnico y los registros necesarios “los argentinos y las argentinas merecen que cuidemos nuestra soberanía”.

En 2013 ya había sido inhabilitada la empresa Premier OIL PLC, pero en 2020 se fusionó con Chrysaor Holdings Limited constituyendo la firma Harbour Energy Plc. El recurso de fusión también se registró con otras empresas inhabilitadas como las que firmaron con Navitas Petroleum para obtener una participación del 30 por ciento en el proyecto Sea Lion. También en el 2015 se tomaron medidas similares.

La resolución actual responde asimismo a lo decidido el año pasado cuando el Congreso de la Nación sancionó la ley 27.557 sobre Demarcación del Límite Exterior de la Plataforma Continental con el objetivo de consolidar los derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo.

En 2012 el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner ante un planteo de proteger los recursos naturales bajo la soberanía argentina su y rechazar las ilegítimas actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental de este país. En esa fecha fueron inhabilitadas cinco empresas que violaban esta legislación y en 2015 se declararon ilegales las actividades de dos empresas más. Esto es parte de un corolario de acciones tomadas por argentina en la larga lucha por recuperar el archipiélago de La Malvinas que es una demanda con fuerte apoyo en el mundo.