Mexicali, BC. Las resistencias Unidas de Baja California y organizaciones sociales rechazaron la criminalización de la protesta y exigieron al gobierno de Jaime Bonilla y al congreso de mayoría morenista que se desistan de acusaciones penales contra activistas.

Realizaron una protesta ante el juzgado penal que se ubica a un costado de la cárcel de Mexicali donde fueron citados a comparecer siete activistas de movimientos de resistencia civil de esta frontera.

"Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden" externa ron al tiempo de rechazar la criminalización de la defensa de los derechos y recursos, como es el caso del agua del Río Colorado.

El Congreso de Baja California Impugnó la resolución de la Fiscalía Regional de Mexicali de no ejercer acción penal contra activistas al ciudadano carecer de elementos constitutivos de delito de despojo y privación ilegal de la libertad.

La denuncia la presentó en octubre de 2017 el Congreso local de mayoría panista y ahora se inconforme la Legislatura de mayoría de Morena que busca reabrirlo al impugnar la decisión de la Fiscalía de archivarlo, señaló Ignacio Gastélum, integrante de las Resistencias Unidad de Baja California.

Alguien está moviendo esta denuncia que ya se había archivado, desde el Congreso con la bancada de Morena o desde el gobierno de Bonilla o del grupo del próximo gobierno, asentó.

La lucha que empezó en 2017 fue por la defensa del agua, contra su privatización y la construcción de desaladoras, el contrato del C5I y la eliminación del fuero, recordó Gastélum quien dirigió el Movimiento de ResISSSTEncia en Baja California antes de integrarse a los movimientos de resistencia por la defensa del agua.