La iniciativa Global en México por los Derechos de los Pueblos indígenas “Indigenous Peoples Rights International”, integrada por los centros de derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas y de la Montaña Tlachinollan, entre otros, condenó el asesinato de Simón Pedro Pérez López, ex presidente de la organización de la sociedad civil Las Abejas de Acteal, al tiempo que denunció que en el último año han documentado 14 homicidios de personas de comunidades indígenas por la defensa de sus derechos en Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Sonora.

“Históricamente, los pueblos indígenas se han mantenido firmes en la defensa de sus territorios; sin embargo, en los últimos años, se ha presenciado episodios de violencia que han cobrado varias vidas dejando a los responsables en la impunidad”, afirmó en un pronunciamiento.

De igual manera, denunció “la inacción del Estado mexicano en sus diferentes niveles de gobierno” ante esta problemática y recordó la obligación que tiene “de investigar los asesinatos, otorgar justicia, verdad y medidas de no repetición hacia las y los sobrevivientes, sus familiares y la comunidad”.

Además, exhortó al Estado a brindar medidas de seguridad necesarias y culturalmente adecuadas para proteger la vida e integridad personal de las comunidades señaladas y prevenir amenazas, hostigamientos, intimidaciones o cualquier tipo de actos de violencia en su contra.

También demandó la homologación de los más altos estándares internacionales con la legislación nacional para el ejercicio pleno del derecho a la libre determinación de los pueblos y se establezca una nueva relación de respeto a las definiciones jurídicas de las comunidades emanadas de sus propios sistemas normativos.

La iniciativa, de la que también forman parte los colectivos Emancipaciones; Masehual Siuamej Mosenyolchikauanij, (Mujeres que se apoyan), CONAMI, Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA); Consultoría Técnica Comunitaria; Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, resaltó que las consecuencias de la violencia tiene un fuerte impacto colectivo, no sólo a las familias de las personas que han sido asesinadas, también en las comunidades en su conjunto.

“La defensa de sus derechos depende de su cohesión como pueblos, de sus asambleas e instancias de decisión comunitaria. La forma como la violencia ha irrumpido en sus territorios lastima fuertemente el tejido social y la vida que depende de ello”, indicó.