Ciudad de México. El primero de agosto México realizará su primera consulta popular a nivel federal –figura ya operada en el plano local– amparada en una legislación que le conferirá un carácter vinculante. En este ámbito, el país es uno de los de mayor rezago en la región latinoamericana, donde los mecanismos de democracia directa han sido utilizados para consultar procesos de paz, acabar o legitimar dictaduras, reformar las constituciones para avalar la relección o poner fin a un marco legal heredado por regímenes militares.

A pesar del reconocimiento internacional al sistema electoral mexicano, la inserción de una de las modalidades de democracia directa, la consulta popular –en México aún no se reconoce en la legislación federal el plebiscito y referéndum–, fue hasta agosto de 2012 cuando se oficializó la inclusión de la iniciativa popular en la Constitución. Su regulación en ley secundaria, según se estipula en la exposición de motivos, se avaló en el marco del Pacto por México, en marzo de 2014.

En América Latina, los mecanismos de democracia directa han sido utilizados desde hace décadas como fórmulas de legitimación de decisiones o con la pretensión de avalar reformas complejas. Chile es uno de los casos más emblemáticos por la variedad de su instrumentación: la dictadura del general Augusto Pinochet realizó tres ejercicios de consulta a la población.

En 1978, en medio del aislamiento internacional, Pinochet simuló una consulta a la población: Frente a la agresión internacional desatada en contra de nuestra patria, respaldo al presidente Pinochet en su defensa de la dignidad de Chile, y reafirmo la legitimidad del gobierno de la República para encabezar soberanamente el proceso de institucionalidad del país. Sin garantías para verificar la votación ni control de los votantes, la aprobación a Pinochet fue abrumadora: 78 por ciento.

Con las mismas suspicacias sobre su legalidad y legitimidad, en 1980 el general ganó en un nuevo ejercicio de consulta. Fue su última victoria: en 1988, nuevamente Pinochet se sometió a las urnas en un plebiscito sobre la ampliación de su mandato hasta 1997; con reglas establecidas, campañas políticas y certeza del padrón de votantes, Chile dijo no a más años de dictadura. Meses después, con la convocatoria a elecciones terminó la larga noche de la democracia chilena.

La última experiencia chilena en consultas populares versó sobre preservar la Constitución heredada del régimen pinochetista, la cual fue mayoritariamente repudiada en las urnas, lo que motivará una nueva Carta Magna, próxima a elaborarse.

Colombia ha sido otro país donde una consulta popular ha tenido repercusiones importantes. Sin que haya sido una práctica recurrente a nivel nacional, en 2016, tras varios años de negociaciones entre el gobierno y las FARC-EP, el presidente Juan Manuel Santos sometió a consulta los acuerdos de paz. El 2 de octubre de ese año, Colombia acudió a las urnas: con 50.2 por ciento frente a 49.7, la oposición derrotó la pretensión gubernamental, motivando nuevas negociaciones.

En Venezuela, los mecanismos de consulta han sido utilizados con frecuencia a partir de la llegada de Hugo Chávez. En 2004, mediante un referéndum revocatorio del mandato, Chávez inauguró esta modalidad ganando por un amplio margen de 58 por ciento a favor de su gestión. Tres años más tarde, se aventuró en una nueva consulta, en esa ocasión para reformar la Constitución que ampliaría las facultades presidenciales y allanaría la relección indefinida: fue una de las pocas derrotas del chavismo en las urnas, con un estrecho margen de 50.7 por 49.2 por ciento.

Bolivia tuvo una ruta similar con el mandatario Evo Morales. Su llegada a la Presidencia tuvo un respaldo de 54 por ciento, y tres años después un referéndum revocatorio de su mandato amplió el apoyo popular al alcanzar 67 por ciento. Para 2016, Morales incursionó en una nueva consulta para presentarse a las urnas a una nueva relección, enfrentándose a su primera derrota en las urnas con un margen de 51 por 49 por ciento. Morales encontró la ruta por otros cauces legales para postularse.