Ciudad de México. Luis Cárdenas Palomino, ex titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, ingresó al penal federal de Almoloya de Juárez, estado de México después de medio día, informaron fuentes judiciales. Un juez de control federal realizará la audiencia vía remota para definir si lo vincula a proceso por el delito de tortura.
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El Ministerio Público Federal presentará pruebas para acreditar que el ex funcionario, quien es uno de los hombres más cercanos a Genaro García Luna, titular de la SSP federal en el sexenio de Felipe Calderón, es señalado como responsable del delito de tortura en agravio de cuatro personas, entre ellas Mario Vallarta Cisneros, hermano de Israel Vallarta, ex pareja de la francesa Florence Cassez, presuntos integrantes de la banda de Los Zodiacos, detenidos en 2012.
En septiembre del año pasado, el juez décimo segundo de distrito de procesos penales federales en Ciudad de México, Guillermo Francisco Urbina Tanús, libró una orden de aprehensión en contra de Luis Cárdenas Palomino, y ordenó la captura de 12 agentes de la corporación. Se trata de Maricela García Toledo, María Soledad Bonilla, Rafael Mayorga, Ricardo Cuatzo Lozano, Cristhian Arturo Fabila, Alberto Jesús Cano, Fernando Valdez, Jaime Hazael Gutiérrez, Julio Ávila, Maclovio Bárcenas, Facundo Paúl Huerta y Horacio Parra, por su probable responsabilidad en la comisión de tortura, delito grave que amerita prisión preventiva oficiosa.
De acuerdo con la causa penal, la Fiscalía General de la República (FGR) aludió que Cárdenas Palomino, en su carácter de superior de los elementos de la Policía Federal, autorizó que las víctimas fueran torturadas.
Cárdenas Palomino es investigado en México por el desvío de más de 2 mil millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Gobernación hacia empresas propiedad de García Luna.
El ex mando policiaco, quien se desempeñó de coordinador de la División de Seguridad Regional de la SSP, renunció al cargo en diciembre de 2012. Cárdenas Palomino estuvo involucrado en 2005 en el montaje para representar la captura de Florence Cassez, acción que finalmente fue definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un efecto corruptor y ordenó la liberación de la ciudadana francesa Cassez.
