Ciudad de México. La resolución del segundo tribunal colegiado especializado en competencia económica, que revocó la suspensión definitiva de la reforma eléctrica en el caso de dos empresas amparadas contra la misma, es un triunfo importante y un precedente de enorme valía, ya que traza la ruta a la que muy probablemente se ceñirán los fallos en los otros recursos judiciales que están en trámite y que serán también declarados improcedentes, expuso el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz.

En la sentencia se deja claro, advirtió, que no se puede impedir o paralizar el desarrollo de las atribuciones propias del Estado, como son las responsabilidades de rectoría en materia eléctrica, previstas en el artículo 27 constitucional, que se habían anulado.

En entrevista con La Jornada, aclaró que sin ánimo de cantar victoria, ya que el proceso en torno a la lluvia de amparos emprendidos por las trasnacionales eléctricas y sus socios mexicanos es aún largo, esta resolución políticamente tiene un gran valor, ya que echó abajo los excesos del juez de primera instancia contra esa legislación, que entró en vigor en marzo pasado, cuyo objetivo es evitar la destrucción de la CFE ante la voracidad de las compañías privadas.

Bartlett Díaz hizo notar que ese tribunal colegiado consideró incorrecta la determinación del juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien suspendió de forma definitiva la aplicación de la Ley de la Industria Eléctrica en el caso de las empresas Hidroeléctrica Cajón de Peña y Energía Verde Meyer, por considerar que creaba un desbalance en la competencia y era necesario, a su juicio, darle el beneficio de la suspensión a todos los amparos interpuestos.

Con ello, dejó sin efectos la ley para todas las empresas privadas. Fue una aberración que el tribunal colegiado rectificó, al considerar improcedente tal suspensión respecto de los permisos de autoabastecimiento encuadrados en la figura del fraude a la ley, bajo el señalamiento de que aún no se ha iniciado el procedimiento administrativo correspondiente a cargo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Ese razonamiento, precisó, fue hecho extensivo a los contratos de productores independientes de energía, ya que todavía no se ha procedido a la revisión de su rentabilidad para el gobierno federal.

Y, a la luz de ese razonamiento judicial, es evidente que las empresas quejosas carecen de interés jurídico para impugnar la reforma eléctrica y por lo tanto todos los juicios de amparo en curso son improcedentes y deben ser sobreseídos, esto es, darse por concluidos por los jueces de distrito de competencia económica.

El director de la CFE resaltó que la sentencia tiene además un gran valor porque proviene de uno de los dos tribunales especializado en competencia económica, que normalmente ponen ésta por encima de cualquier valor de la Constitución y las leyes mexicanas, pero en esta ocasión no fue así.

La Ley de la Industria Eléctrica, que fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por el Congreso este año, explicó, no tiene ninguna disposición que pueda ser calificada como inconstitucional. Sólo estableció un equilibrio frente a la legislación anterior, la del sexenio de Enrique Peña Nieto, que dio a las empresas privadas todas las ventajas, a tal grado que la CFE terminaba subsidiándolas.

Era, insistió, un atraco y con la nueva ley no se pretende desaparecer a las privadas, sólo equilibrar, para que la CFE avance en lugar de desaparecer. Bartlett Díaz hizo notar que de lo que se trata es de impedir que pase lo mismo que ahora ocurre en España, donde las empresas privadas, muchas de las que también operan en México, han creado, con su voracidad, un enorme problema, al aumentar de forma desmesurada las tarifas de electricidad.

La gran diferencia es que la CFE tiene el objetivo de atender a la sociedad, proporcionarle la energía eléctrica al mejor precio, además de impulsar el desarrollo nacional y las privadas sólo vienen a obtener los mayores recursos posibles, sin importar la gente.