Bucaramanga. La Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de Estados Unidos examinó en una audiencia virtual las recientes protestas en Colombia que derivaron en episodios violentos en los que han muerto al menos 40 personas y más de 2 mil 500 resultaron heridas.

Cinco testigos analizaron las causas y consecuencias del estallido social, hicieron recomendaciones al Congreso y atendieron las preguntas de los dos copresidentes de la Comisión: el representante demócrata James P. McGovern y el congresista republicano Christopher H. Smith.

“Esta crisis latente podría poner en peligro las posibilidades de consolidar una paz frágil e incompleta… a menos que se tomen medidas contundentes para abordar la desigualdad, la falta de oportunidades y la violencia policial que han llevado a los colombianos a las calles”, advirtió Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia de International Crisis Group.

Las denuncias de excesos de la fuerza pública y una reforma a la policía estuvieron en el centro de la discusión. José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas y quien asistió como testigo, señaló que la policía ha utilizado “una fuerza excesiva” para dispersar las protestas que incluso habría llevado a la muerte al menos 25 manifestantes o transeúntes, en 18 casos usando munición real.

Vivanco pidió cambios estructurales como transferir la policía del Ministerio de Defensa hacia el Ministerio del Interior, para que dependa de autoridades civiles y no militares. Sin embargo, Dickinson añadió que éste sería un paso “importante”, pero probablemente no “suficiente”, por lo que recomienda una reforma integral que sea apoyada por Estados Unidos.

El representante McGovern pidió congelar las ventas de equipos para el control de disturbios e incluso suspender la asistencia directa de Estados Unidos a la policía colombiana hasta que “veamos responsabilidad judicial por la brutalidad policial”.

La idea de condicionar la ayuda económica a Colombia está siendo estudiada en el Congreso estadunidense. El Subcomité de Apropiaciones para las Operaciones Extranjeras de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el jueves una ley sobre la financiación a operaciones extranjeras para 2022 con la que Colombia recibiría 461.4 millones de dólares. Sin embargo, ésta especifica que el 30 por ciento de la ayuda para la lucha antinarcóticos dependerá de una certificación del Departamento de Estado que corrobore que Colombia trabaja en prevenir, investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos.

El representante Smith cuestionó el origen de las protestas y señaló que éstas pueden responder a intereses de países como Cuba, Venezuela y Rusia. Citando declaraciones de la senadora colombiana María Fernanda Cabal, miembro del partido de gobierno, Smith indicó que los mensajes de la “izquierda” han sido amplificados en redes sociales por robots “ubicados en países como Rusia”. En mayo, la embajada de Rusia en Colombia negó dichas acusaciones.

Smith también señaló la posible injerencia en las protestas de grupos al margen de la ley como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) o las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz firmado con el gobierno colombiano en 2016.

Dickinson aseguró que los grupos armados ilegales no organizaron las protestas en Colombia, pero podrían resultar “beneficiados” con disturbios prolongados, especialmente con los bloqueos viales en las ciudades donde el Estado perdió el control y en las zonas rurales donde los armados lograron “intimidar a los residentes y, según algunos informes, expandir el tráfico”.

Steve Hege, subdirector regional del Instituto de Estados Unidos para la Paz, le sugirió al Congreso apoyar los esfuerzos de diálogo entre el gobierno y los manifestantes tanto en la actual administración del presidente Iván Duque, como durante el periodo electoral que se avecina.