Santiago. A poco de que el próximo domingo ocurra la inauguración y primera sesión de la Convención Constituyente en Chile, la controversia y el repudio hacia decisiones del gobierno de Sebastián Piñera que afectan la independencia y soberanía del órgano, están siendo denunciadas por buena parte de los 155 asambleístas electos.
Por ejemplo, la seguridad en la sede de la constituyente -el remozado Palacio Pereira, una mansión de 1875 en Santiago- fue encargada a una empresa cuyo expediente laboral está lleno de infracciones y que societariamente está vinculada a un ex carabinero que fue parte de la escolta del dictador Augusto Pinochet, la cual además ofrece que los guardias serán prioritariamente ex carabineros o ex militares en retiro. También se contrató a una firma que se hará cargo de las grabaciones y transmisión de las sesiones de la Convención, pero que responderá a las órdenes gubernamentales acerca de cuáles disquisiciones podrían ser censuradas de emitirse.
Como si fuera poco, el gobierno desatendió las peticiones de constituyentes de los pueblos indígenas originarios respecto de su participación en la inauguración.
Piñera, obstinado en conseguir cualquier protagonismo, ya fue provocador hace un par de semanas cuando dictó un decreto estableciendo que los convencionales deberán jurar o prometer al asumir. Una buena cantidad se rebelaron a ello y hacen ver que Piñera carece de facultades al respecto.
Estas y otras decisiones -por ejemplo la designación de un funcionario piñerista como secretario ejecutivo de la Unidad Administrativa de la Convención para hacer de enlace con el Gobierno, con un salario mensual cercano a los 10 mil dólares-, tensionaron y enrarecieron el ambiente previo al inicio de las sesiones.
Tanto así que 88 (56.7 por ciento) de los 155 convencionales acordaron modificar las decisiones del oficialismo. Ellos han estado reuniéndose auto convocados y denominándose como la "Vocería de los Pueblos", instancia que partió con 30 constituyentes quienes fijaron condiciones para una constituyente viable: libertad y amnistía a los presos de la revuelta social, considerados prisioneros políticos; verdad y justicia acerca de la violación sistemática de los derechos humanos ayer y hoy; reparación a las víctimas de esos delitos; alto a la devastación socioambiental; desmilitarización de La Araucanía, el territorio del pueblo mapuche donde ocurre un conflicto por la recuperación de tierras y autonomía; cese a las expulsiones de migrantes; y soberanía popular respecto de las capacidades de la Convención.
“Nos llamamos a hacer efectiva la soberanía popular de la constituyente, expresada tanto en el reglamento como en las normativas que debe darse, sin subordinarnos a un Acuerdo por la Paz que nunca suscribieron los pueblos. Lo afirmamos también respecto de toda la institucionalidad de nuestro país, que habrá de someterse al fin a la deliberación popular”, proclaman los constituyentes electos de la "Vocería de los pueblos".
Y afirman que como mandatarios de colectivos que provienen de territorios, movimientos y organizaciones sociales, están comprometidos "con el ejercicio soberano de los pueblos. Pusimos el pie en el portal para ingresar a raudales a la Convención y no permitiremos que tras de nosotras y nosotros se cierre la puerta”.
