Ciudad de México. La expropiación de 109 hectáreas para la construcción del Aeropuerto “Felipe Ángeles”, anunciada el pasado lunes en el Diario Oficial de la Federación, se dio de común acuerdo con los propietarios de dichas tierras y el pago que se dio por ellas fue por las mismas cantidades que se otorgan cuando se trata de una operación de compraventa, informó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

A través de un comunicado, la dependencia recordó que desde 2019 se conformó un grupo interinstitucional encabezado por la propia Sedatu, para coadyuvar con la Secretaría de la Defensa Nacional en la adquisición de unas mil 400 hectáreas de “suelo estratégico” para ampliar la Base Militar de Santa Lucía.

En ese marco, “se tuvieron acercamientos directos y sin intermediarios por parte de los funcionarios públicos del grupo interinstitucional que se formó, para informar, concertar y negociar con los ejidatarios y propietarios del suelo en torno al proyecto aeroportuario”, señaló el organismo.

“Por la vía de la concertación y dialogo directo con los propietarios”, se adquirieron más de mil 288 hectáreas (91 por ciento del total), correspondientes a 535 predios, mediante compraventa directa.

Para completar el total de tierras que se necesitan para las obras del Aeropuerto, el 28 de junio pasado el gobierno expropió por causa de utilidad pública otras 109.66 hectáreas --de 25 predios de propiedad privada--, que se sumaron a otras 11.54 hectáreas en 6 predios de propiedad social, el 23 de febrero de 2021.

Dichos terrenos eran de propiedad social, privada e irregular y no pudieron conseguirse mediante compraventa, pero dicho proceso fue “concertado con los propietarios y/o posesionarios”.

Los pagos por indemnización en los procedimientos expropiatorios “se fijaron conforme a los avalúos que emite el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y que corresponden a las mismas cantidades que se pagaron a los demás propietarios que se les adquirió por la vía de la compraventa, siempre a valores comerciales vigentes a la fecha de la emisión de los Decretos y no a valores catastrales”, aseguró la Sedatu.

Estos procesos expropiatorios “se dieron en su gran mayoría por inconsistencia en los documentos y falta de certeza jurídica de la propiedad que impedía que Sedena adquiriera de manera directa.

“Entre los principales problemas se encontraban: sucesiones testamentarias, juicios en tribunales (agrarios o civiles), intestados, falta de documental que acreditará la propiedad, demencia senil de los propietarios, entre otros”, explicó la Sedatu.

De acuerdo con la dependencia, “la Sedena firmó, gracias a la buena voluntad de los propietarios de la mayoría de estos predios, Convenios de Ocupación Previa que permitieron avanzar en la construcción del aeropuerto y sus accesos, mucho antes de publicarse la expropiación”.

En ese marco, la Sedatu recalcó que el proceso de expropiación se ha dado “con pleno respeto a los derechos de las personas y comunidades”, pues “en todo momento se ha tenido un diálogo directo y cercano con los interesados. Les asesoramos y acompañamos en todo el proceso para regularizar su situación y coadyuvar en la agilización de sus trámites. Esto permitirá, en el menor tiempo posible, el cobro de las indemnizaciones de estos procesos expropiatorios”.