Madrid. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, se reunió en Madrid con el mandatario catalán recién elegido en las urnas, el independentista Pere Aragonés, con el que acordó “reactivar la mesa de diálogo” entre ambos gobiernos para perfilar una solución al conflicto político que persiste en la región.

El encuentro coincidió con la aprobación por parte del Ejecutivo español de los indultos a los políticos secesionistas que cumplían condena por la declaración unilateral fallida de independencia de octubre del 2017, pero también con una resolución del Tribunal de Cuentas, que reclama una fianza de más de cinco millones de euros a más de 40 líderes catalanes que impulsaron el proceso de secesión.

Pere Aragonés se convirtió recientemente en el primer presidente de la Generalitat de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), tras las elecciones autonómicas del pasado 14 de febrero y después de una difícil negociación con otros dos partidos independentistas, Junts per Catalunya (JxCat) y los anticapitalistas de Candidatura de Unidad Popular (CUP).

El mandatario catalán viajó a Madrid, donde fue recibido en el Palacio de la Moncloa, en una escenografía más propia de una bilateral con otra nación. De hecho, el propio Sánchez le recibió en una escalinata antes de mantener una reunión a puerta cerrada de un par de horas en la que acordaron dos sobre todo dos cosas: reactivar la mesa de diálogo, en la que se abordará sobre todo las vías para la resolución del conflicto en Cataluña, para lo que la parte independentista reclamó una ley de amnistía que anule las condenas de los políticos juzgados por el Tribunal Supremo y, a su vez, permita el regreso de los líderes catalanes que se refugiaron en otros países para evadirse de la justicia española, entre ellos el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Además, Sánchez y Aragonés resolvieron crear una mesa de trabajo en la que se abordarán exclusivamente el desarrollo de las competencias del actual Estatuto de autonomía de Cataluña y negociar las inversiones que se acometerán desde el Estado en la región, sobre todo en infraestructuras y en políticos sociales para paliar la dura situación económica y sanitaria que persiste en el país tras la pandemia del Covid-19. En este punto se negociarán sobre todo los fondos que proceden de la Unión Europea (UE), que sólo en el primer paquete superarán los 70 mil millones de euros.

Aragonés reconoció a su salida del encuentro que las posturas están alejadas actualmente en cuanto a la resolución del conflicto, sobre todo en su exigencia de que se celebre un referendo de independencia vinculante y pactado con el Estado. Un proceso que actualmente no está reconocido en la Constitución española, por lo que sería necesaria una reforma que a día de hoy se ve complicada. Si bien ambos coincidieron en profundizar en el “diálogo” y la “negociación” para encontrar una salida.

En el proceso de distensión del conflicto catalán se registró un hecho que podría agravar el enfrentamiento; el Tribunal de Cuentas del Estado español -que es el órgano fiscalizador del gasto público en las distintas administraciones- resolvió con una sentencia de más de 500 páginas que los 40 ex responsables de tejer e impulsar lo que denominó la “red exterior” de la Generalitat durante el periodo 2011-2017, que fue cuando se impulsó en el extranjero el proceso de independencia, deberán depositar una fianza de cinco millones 420 mil euros (130 millones de pesos).

Entre los líderes independentistas que deberán pagar la fianza, bajo riesgo de sufrir el embargo de sus bienes, están los ex presidentes Puigdemont y Artur Mas, el ex vicepresidente Oriol Junquers y el ex consejero Raúl Römeva.