Ciudad de México. Decenas de jóvenes han sido desaparecidos en la región de la tribu Yaqui en Sonora y ha crecido la criminalización a los defensores del territorio en los medios de comunicación, “se vive un recrudecimiento de la represión”, advirtió Mario Luna, vocero de este pueblo. Esto ocurre en el contexto de sucesión del gobierno estatal y de la construcción del plan de justicia Yaqui.
Dijo que además las autoridades buscan minimizar el asesinato de Tomás Rojo y no quieren clasificar como forzada la desaparición por varios días de su hermana, Lorena Valenzuela, además no hay registro oficial sobre los jóvenes desaparecidos.
Identificaron el cuerpo de Tomás y no quieren llegar a las últimas consecuencias, “esto complica la situación de los que siguen trabajando en la tribu y la indefensión a su familia”. La impunidad que impera hace que a los interesados en los megaproyectos “se les haga fácil desaparecer o chantajear a los que se oponen a los despojos con las megaobras”.
Explicó que para el plan de justicia del pueblo Yaqui se estableció una mesa en la que participa una parte de la tribu, pero “no es culturalmente adecuada la forma en que se instala, hay un grueso de la población que no está en la dinámica” y aquí “interactúan los oficios de los funcionarios en turno con intereses que buscan desestabilizar a la tribu e incluso abortar que pueda haber un verdadero acuerdo. Preocupa que continúen las campañas de desprestigio contra el pueblo”.
Explicó que sobre el agua, que en el desierto del noroeste del país es estratégica, hay incumplimiento de la sentencia de la corte que prohibió la operación del Acueducto Independencia (construido para llevar líquido a Hermosillo), “se estigmatiza a quienes seguimos hablando de esta megaobra”.
En esto pesan los intereses de los acaparadores del agua porque a lo largo del río Yaqui hay usuarios no contemplados y hacen uso del recurso. En este marco se gesta la impunidad en que desaparecen jóvenes”, señaló Luna, quien por su lucha por el agua fue detenido en 2013. Señaló que a la radio comunitaria que operan llegan múltiples quejas de jóvenes con problemas de adicciones o que estaban en “lugares equivocados, como bailes, y que desaparecen”. Todo esto se canaliza al Ministerio Público, pero éste argumenta que “se encuentra rebasado”.
Advirtió que “el incremento de la violencia en Sonora y el noroeste del país se ha desbordado. Bandas criminales se han apoderado de extensiones enormes de territorio, esto ha provocado que los defensores del territorio y de derechos humanos se vean aún más vulnerables, en la mira de los intereses y poderes de facto que operan detrás”.
En conferencia de prensa virtual con Amnistía Internacional y Serapaz, Luna explicó que esto ha pasado con gobiernos de distintos partidos políticos, “cuando nos encarcelaron y persiguieron, el PAN con Guillermo Padrés estaba al frente, con el gobierno del PRI, las cosas no cambiaron lo suficiente”.
Durante junio han sido asesinados en Sonora los defensores del agua y el territorio Tomás Rojo, tras días de estar desaparecido, y de Luis Urbano Domínguez, ambos líderes de la tribu Yaqui.
Los periodistas Saúl Tijerina en Coahuila, Enrique Garcia en Estado de México y Gustavo Sanchez Cabrera en Oaxaca, este último beneficiario del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras y Periodistas.
Edit Olivares de Amnistía Internacional dijo que la persistencia de una narrativa que estigmatiza a los defensores del territorio genera un ambiente de hostilidad que puede contribuir a legitimar estos ataques, todo el tiempo autoridades de todos los niveles de gobierno estigmatizan a quienes se oponen a obras y proyectos.
