Ciudad de México. Ante los impactos económicos generados por el COVID-19 en el transporte público, el Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México), autoridades y empresarios del sector proponen un programa de apoyo financiero para el sector del transporte público dividido en tres etapas, con una visión a seis años y que urge a la asignación inmediata de apoyos económicos de los gobiernos federal y estatales, para garantizar en el corto plazo la sobrevivencia de los prestadores del servicio de transporte público de las principales ciudades del país, y así contribuir a su reactivación en el mediano plazo.
WRI México, la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, (AMAM) y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), estiman en 19 mil 500 mdp las pérdidas acumuladas por los prestadores del servicio de transporte público durante la emergencia sanitaria, a causa principalmente de la caída en la demanda, estimada en un 60 por ciento; al momento aún se observa una caída del 30 por ciento.
Las pérdidas del sector por la pandemia se estiman hasta en un 40 por ciento del ingreso habitual, lo que pone en riesgo los ingresos de miles de conductores y la sostenibilidad de los sistemas de transporte públicos de las principales ciudades del país. La reducción en la demanda se ha traducido en menores ingresos y en el deterioro de la oferta y cobertura del servicio.
Se han efectuado acciones como ajustes en días y horarios de servicio y, en casos extremos, la suspensión de rutas como alternativas para reducir costos de operación, sin embargo, al momento se estima que estos ahorros no superan el 25 por ciento de los costos de operación, por lo que el sector enfrenta fragilidad financiera para mantener y mejorar la oferta y cobertura del servicio.
El transporte público colectivo es el medio que utiliza cerca del 40 por ciento de mexicanas y mexicanos (50 millones de personas), del cual dependen más de 160 mil empleos (principalmente de conductores de unidades de transporte), y representa la actividad económica de personas físicas, pequeños y medianos empresarios y cooperativas, las cuales se estima que constituyen el 75 por ciento de la organización del sector.
Ante este escenario WRI México, la AMAM y los industriales del transporte proponen que, en una primera etapa, se etiqueten recursos federales y estatales para apoyo al sector, que se incluyan en el presupuesto federal beneficios fiscales en IVA e ISR, y que se incrementen los beneficios en el impuesto al combustible; así como que se otorguen garantías de crédito con respaldo gubernamental.
Para la segunda etapa, con una visión de 1.5 a 3 años, se proponen acciones financieras y operativas para reactivar la economía del sector e incrementar el número de personas usuarias, mejorar la inclusión y la calidad de servicio. Para esta etapa se propone incentivar la inversión en infraestructura y renovación de flota; revisar y ajustar los modelos de negocio del transporte público; la reducción de aranceles a la importación de autobuses con visión de transición tecnológica e incentivar la transformación empresarial; promover el uso del transporte público y la integración con otros modos a través de la infraestructura y el medio de pago; así como la implantación de carriles segregados para autobuses y control de la operación.
En una tercera etapa con una visión de 3 a 6 años se proponen soluciones en términos financieros, operacionales y administrativos para consolidar fuentes alternativas de fondeo y financiamiento, junto con el marco normativo necesario para tener acceso a estas fuentes. En este sentido se proponen medidas de recaudación asociadas al uso del auto personal, el pago de tenencia, el uso de parquímetros, el acceso a áreas con restricción vehicular, así como otras asociadas al uso de suelo y la captura de valor, la subasta de norma urbanística y aportes por edificación adicional.
Rescatar al transporte público requeriría de una inversión estimada en 323 mil mdp, de acuerdo con las proyecciones realizadas.
WRI México, en su calidad de secretaría técnica de la AMAM, con el apoyo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), realizaron una encuesta para actualizar la información referente a los impactos económicos, financieros y sociales en el transporte público generados por la emergencia sanitaria en el sector, que se había presentado en abril del 2020 cuando inició la etapa de confinamiento.
El jueves 24 de junio WRI México y la AMAM en forma conjunta con la ANPACT, en coordinación con la AMTM, SIMUS y UITP presentaron este panorama del impacto económico y operacional del COVID-19 en el transporte público de las principales ciudades del país, incluyendo una estimación de pérdidas financieras, así como una propuesta para la recuperación del sector.
