Representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre otros, coincidieron en que a 10 años de la promulgación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, aún se tienen varios pendientes, entre ellos, lograr garantizar el acceso a la justicia y la protección a las víctimas y la incorporación del principio pro persona en la ley de la CNDH.

En un conversatorio en la materia, Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México de la ONU-DH, expuso que frente a las acciones positivas que ha traído la reforma, como la modificación de leyes para incrementar la protección a los derechos humanos, se observa la permanencia de figuras como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa así como la decisión de disponer de la fuerza armada en tareas de seguridad pública.

“El arraigo ha sido cuestionado por diversos organismos internacionales de derechos humanos hasta convertirse hoy en la figura constitucional más observada. No obstante su manifiesta incompatibilidad con el derecho internacional, se mantiene, aunque es cierto que su uso disminuye”, dijo.

En su turno, la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, expuso que la reforma al artículo primero constitucional de hace 10 años, permitía ampliar el mandanto de la CNDH al incorporarse el principio pro persona en defensa y promoción de los derechos humanos. Sin embargo, dicha modificación “ha sido dejada de lado en la práctica lo que hace necesario tomar medidas” para armonizar la ley de este organismo nacional.

Indicó que en la Comisión la incorporación de dicho principio se ha ido alcanzando no sólo mediante nuevas prácticas, sino a través de las reformas posibles a su normatividad interna.

Añadió que la reforma de 2011 “fue trascendente pero falta mucho aún asegurar su plena vigencia, y es compromiso de muchas y muchos el que esto sea una realidad”.

Alán García Campos, oficial de derechos humanos de la ONU-DH, mencionó que a pesar de los avances formales, “el acceso a la justicia y la protección a las víctimas perdura como una asignatura pendiente”.

Los niveles de impunidad, añadió, “siguen siendo alarmantes”, las investigaciones distan de ser expeditas, diligentes, serias, empáticas, completas y exhaustivas, “más aún en múltiples ocasiones no se asumen como un deber propio del Estado sino como una responsabilidad en los hechos de las propias víctimas”.

Dijo que el acceso a la justicia aún presenta brechas importantes por razones estructurales, tales como la falta de recursos económicos, pero también las limitaciones en la representación legal, las condiciones endémicas de discriminación o exclusión por razones de género, origen étnico, nacionalidad, orientación sexual o identidad de género, entre otras.

García Campos agregó que en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, los desafíos son aún mayores “la visión jurídica imperante sigue mermando, socavando su justiciabilidad efectiva”. En el ámbito de la protección, dijo, “la realidad no es diferente, los procesos de revictimización no son aislados”.