Durante 23 años consecutivos, Cuba ha presentado ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) una misma resolución que titula Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos. Nunca este llamado fue tan dramático como el de 2021 y llega precedido de una vasta campaña internacional en la que centenares de ciudades y organizaciones se han sumado al clamor: fin al bloqueo.

En el informe actualizado que presentará La Habana hoy en Nueva York se ponen en la balanza los daños materiales acumulados en casi 60 años de cerco comercial y económico. Pero sobre todo se expresan los daños intangibles.

No hay cálculo alguno que mida el sufrimiento y el impacto sicológico en el contexto del Covid-19.

“No es posible contabilizar –sostiene el documento del ministerio de Relaciones Exteriores– la angustia de un cubano que no puede acceder a un medicamento específico porque una entidad estadunidense se negó o se le prohibió enviar los insumos necesarios para su producción. No se puede medir la impotencia que causa la imposibilidad de materializar donativos y compras realizadas en el exterior para enfrentar la pandemia porque las compañías involucradas en su transportación cuentan con una sociedad estadunidense como accionista y temen ser objeto de medidas punitivas.”

En números, sólo entre abril y diciembre de 2020 esta política causó pérdidas a Cuba por 3 mil 586,9 millones de dólares; un total de 9 mil 157,2 millones de dólares si se considera el periodo de abril de 2019 a diciembre de 2020.

Pero no hay forma de medir la angustia que cuantifique el riesgo que implica realizar una transacción en concepto de importación de alimentos, que podría ser congelada o denegada. No hay manera de justificar la desesperación de un ingeniero que no puede obtener los softwares que necesita para su actividad profesional.

En diciembre de 2014, Barack Obama anunció el embargo que para entonces cumplía 54 años. Se allanaba ya el camino para una reunión con el entonces presidente cubano Raúl Castro en Panamá y una normalización de relaciones de las dos naciones. El aislamiento a Cuba no ha funcionando. No podemos continuar haciendo lo mismo durante 50 años y esperar un resultado diferente. En 2016 Estados Unidos e Israel por primera vez se abstuvieron, en lugar de votar en contra, de la resolución contra el bloqueo en la ONU.

Duró poco el deshielo

Muchos vieron el momento como el verdadero punto final de la guerra fría, pero el deshielo no duró mucho. Donald Trump llegó a la Casa Blanca y en poco tiempo dio marcha atrás a todos los avances en la relación bilateral y aplicó 243 nuevas medidas para recrudecer la sanción.

Ni el turismo, motor de la economía cubana del que no pocos sectores estadunidenses se beneficiaban, se salvó. Recuerda la publicación Cubadebate que hace dos años, 5 de junio de 2019, el buque Empress of the seas abandonaba precipitadamente el puerto de La Habana. Los azorados turistas despedían en cubierta la inigualable vista del puerto antillano al tiempo que se enteraban de la nueva medida trumpiana que prohibía a los cruceros de Estados Unidos tocar puertos cubanos.

Ningún crucero ha vuelto a atracar en ese puerto. Joe Biden no ha movido ni una coma a esa disposición. Ni a alguna otra.

Hoy Estados Unidos sigue pensando en la misma apuesta que hizo Dwight Eisenhower en 1960, cuando prohibió las exportaciones de azúcar de Cuba, que eran 95 por ciento de las ventas al exterior de la isla: doblegar por hambre al gobierno revolucionario.

Fue John F. Kennedy, quien llevó la tensión bilateral hasta el episodio de la guerra de los misiles y el desembarco en Playa Girón, el que formalizó el bloqueo que se fue endureciendo en los sucesivos gobiernos: Johnson, Nixon, Ford. En 1977 James Carter flexibilizó restricciones a los viajes y permitió la venta de productos a Cuba a través de subsidiarias estadunidenses en terceros países. Pero en 1982 Ronald Reagan revirtió la apertura y además incluyó a Cuba en su lista de patrocinadores del terrorismo.

Más restricciones

La década de los 90 fue de reforzamiento del embargo. Se aprobó primero la Ley Torricelli y en 1996, en el contexto de derribamiento de dos avionetas de la organización anticastrista Hermanos al Rescate, se impuso la Helms-Burton, una ley de castigo como no hay otra en el mundo.

La Helms-Burton fue redactada de tal modo que quedó blindada frente a futuros intentos de hacerla más laxa. Su herramienta principal es la sanción a todo tercer país que pretenda comerciar con Cuba, o con productos que contengan cualquier producto cubano. Si una institución financiera como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial aprobara una ayuda para Cuba, Estados Unidos restará esa suma a sus contribuciones.

Pero además de las restricciones comerciales, la ley prevé que será Washington quien determine a su gusto si Cuba tiene un gobierno de transición. Ello comprende, entre otras cosas, la disolución del Departamento de Seguridad, elecciones supervisadas y garantías al derecho de la propiedad privada. Por si fuera poco, determina que el gobierno que ellos reconozcan debe tener un sistema de economía de mercado y haber indemnizado propiedades estadunidenses expropiadas al principio de la revolución.

Hasta ahora, Biden no ha demostrado tener intención de aflojar este grillete.