Ciudad de México. La región de América Latina y el Caribe es una de las más violentas e inequitativas del mundo, debido a que se encuentra “atrapada” en un círculo vicioso de bajo crecimiento económico y altos niveles de desigualdad, lo que a su vez lleva a un aumento y normalización de la violencia en todas sus formas.
Así lo indicó el “Informe Regional de Desarrollo Humano 2021” del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) –que será dado a conocer este martes--, en el cual se subraya la urgencia de que los gobiernos eviten la concentración de poder en unos cuantos actores económicos y le otorguen servicios de seguridad social universal a sus habitantes, sin importar si éstos tienen un trabajo formal o no.
En conferencia de prensa virtual, Marcela Meléndez, economista jefe para América Latina del PNUD, señaló que la región se caracteriza desde hace muchos años por su baja productividad y escaso crecimiento, factores que interactúan entre sí y que han mantenido a sus países “enredados en una trampa” de la cual no han podido salir por la inexistencia de planes integrales para corregir ciertas variables económicas y sociales.
Más allá de los niveles de ingreso, dijo, en la zona persisten diversas formas de desigualdad que perjudican a grupos como las mujeres, los grupos de diversidad sexual y las “minorías étnicas”, quienes se enfrentan a menos oportunidades de acceder a derechos básicos y a oportunidades laborales y de estudio.
Además de los grupos ya mencionados, la pandemia de Covid-19 ha dañado especialmente a los estudiantes, pues “los cambios hacia métodos remotos de enseñanza y aprendizaje han estado marcados por las disparidades preexistentes en el acceso a herramientas tecnológicas y académicas en el hogar”, puntualizó el documento.
De acuerdo con el informe, la gran mayoría de los habitantes de las naciones latinoamericanas está consciente de que sus sociedades son muy desiguales –lo cual genera un sentimiento de frustración y descontento—y ubica a las grandes empresas como los actores que monopolizan el poder económico y político, en desmedro del bienestar general.
Dicha concentración de poder, indicó el estudio del PNUD, “contribuye a mantener alta la desigualdad y bajo el crecimiento en la región”, y abre la puerta a la percepción de que los métodos legales de ascenso social y resolución de conflictos no dan resultados, lo cual a su vez estimula la violencia como factor de poder o “negociación”.
Un efecto de ello es que, pese a tener sólo el 9 por ciento de la población mundial, en América Latina y el Caribe ocurre hasta el 34 por ciento de las muertes violentas a escala global, y se han enraizado fenómenos como los robos, el abuso policial, la trata de personas, la violencia sexual y los feminicidios.
Para salir de la “trampa” en la que se encuentra la región, subrayó el informe, es necesario acotar el poder de los grandes actores económicos, quienes “distorsionan” el mercado y la política en su favor, y crear un sistema de protección social único para toda la población, no segmentado, fiscalmente sustentable y con la misma calidad para todos sus beneficiarios.
“Un sistema de protección social construido en torno a estos principios ofrece a la región una ruta para aumentar el gasto en protección social al tiempo que fortalece las bases del crecimiento de largo plazo y un camino para mejorar la inclusión social”, indicó el organismo.
En la actualidad, advirtió el PNUD, “las políticas de protección social segmentan el mercado laboral, brindan protección errática a los hogares contra los riesgos, no redistribuyen los ingresos lo suficiente hacia los grupos de menores ingresos y, a veces, lo hacen en la dirección opuesta, y sesgan la asignación de recursos de manera que castigan la productividad y el crecimiento de largo plazo”.