Madrid. El Consejo de Ministros del Ejecutivo español, presidido por el socialista Pedro Sánchez y del que también forma parte la formación Unidas Podemos, aprobó la concesión del indulto a los nueve políticos catalanes que cumplen condena por su participación en la declaración unilateral de independencia de octubre del 2017 y por la que fueron condenados por los delitos de sedición y malversación. Sánchez, en una declaración institucional sin derecho a preguntas, argumentó que se trata del primer paso para la “concordia” y el diálogo” entre Cataluña y España.

El conflicto en Cataluña, una región dividida a la mitad entre separatistas y no separatistas y que además mantiene un enfrentamiento abierto con el Estado español, vivió una jornada especial, que podría marcar un antes y un después. Finalmente el Ejecutivo español aprobó los indultos, que los condicionó a que los agraciados no delincan entre los tres y los seis años próximos y en los que sólo se eliminaron las penas por el delito de sedición, no así los de malversación, con lo que se mantiene vigente la sanción de inhabilitación para ejercer un cargo público.

Como marca la legislación, cada expediente de indulto está personalizado en función de las penas a cada uno, pero en este caso la explicación de la concesión es idéntica y en la que se apela a unas de las prerrogativas que establece la Ley de Indultos, que data de 1870, y que es precisamente la de “utilidad pública”. El gobierno español explica que los indultos son necesarios para “restablecer la convivencia y la concordia en el seno de la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española”. Además sostiene que la medida de gracia “no exige que los beneficiados deban cambiar sus ideas. No esperamos tal cosa. No fueron encarcelados por sus ideas y sí por sus actos contrarios a la legalidad”.

Los beneficiados por el indulto son el ex vicepresidente del gobierno catalán y líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueros, la ex presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, los ex consejeros Raúl Römeva, Joaqui,Forn, Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa, y los activistas sociales Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. El resto de imputados en la causa, entre ellos el ex presidente catalán Carles Puigdemont, se encuentran refugiados en otros países, en este caso Bélgica, por lo que no han sido juzgados y su situación penal no cambia, aunque sí se espera que con la reforma del Código Penal para rebajar las penas por el delito de sedición se beneficie su causa.

El mandatario español mostró su esperanza en que se abra un “nuevo tiempo de diálogo” y asumió que la concesión del indulto, que aprobó incluso con una buena parte de su partido en contra, así como con el de la mayoría de la población española, según las encuestas, servirá “para tender puentes de concordia”.

De hecho, en la agenda del gobierno ya se está trabajando por la reunión bilateral con el gobierno catalán, del separatista Pere Aragonés, para abordar cuestiones sobre las competencias autonómicas, pero también para analizar una propuesta que defiende el actual ministro de Administraciones Públicas del gobierno español, Miquel Iceta, que aboga por reformar la Constitución para crear un nuevo modelo similar al de un Estado confederal.

Desde Cataluña, el gobierno de Aragonés replicó que con los indultos “los presos salen con la voluntad reforzada de construir una república catalana” y que su concesión “es el reconocimiento del gobierno español de que las condenas fueron injustas”. Desde la oposición, todos los partidos de la derecha anunciaron sendos recursos legales para paralizar las medidas de gracia y para encausar penalmente a los miembros del Ejecutivo que las aprobaron.

En los próximos días se hará efectiva su liberación definitiva.